Los diputados electos por el partido Movimiento Semilla acudieron este lunes 2 de diciembre a la Torre de Tribunales para interponer una querella en contra del juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, por considerar que ha incurrido en irregularidades al emitir resoluciones contra esa organización, incluida la más reciente que llevó a su cancelación.
Semilla, que cuenta con 23 de los 160 integrantes del Parlamento guatemalteco, se encuentra suspendido desde enero de 2024, cuando Arévalo de León asumió el Gobierno, lo que ha impedido a la bancada oficialista integrar la junta directiva del Organismo Legislativo.
En tanto, la semana pasada Orellana emitió un nuevo fallo que ordenó su cancelación, situación que llevó a que los integrantes de la organización política interpusieran acciones ante la Corte de Constitucionalidad y salas para intentar frenar tal decisión.
La cancelación del partido se dio por un proceso judicial por supuestas anomalías en la formación de Semilla en 2018. El juez y el Ministerio Público utilizaron la aceptación de cargos de algunos miembros del partido que estaban en prisión para buscar la anulación.
La agrupación indicó que también se impugnaría ante los magistrados del Tribunal Supremo Electoral la decisión del Registro de Ciudadanos de proceder a la anulación del partido al acatar la orden judicial.
La bancada oficialista aseguró que el argumento “más fuerte” para detener la cancelación es que un juez penal no puede ordenar una situación así con respecto a un partido político.
En ese contexto, Semilla también aseguró que el juez Orellana violentó sus derechos al no dar plazo y oportunidad para presentar pruebas de descargo.
Por ello, el diputado Samuel Pérez había adelantado días atrás que se plantearían acciones no solo para intentar revertir el referido fallo, sino también denuncias penales contra Orellana para que responda ante la ley por emitir decisiones que estarían marcadas por anomalías.
Las implicaciones de la cancelación de Semilla
La diputada Andrea Reyes explicó la semana pasada que no poder ser considerados como bloque y no estar habilitados para conformar la junta directiva del Organismo Legislativo, son las principales consecuencias de perder la personalidad jurídica del partido.
Además, recordó que la decisión de Orellana surgió después de que los diputados oficialistas consiguieron consensos en el Congreso para aprobar una reforma a la ley de delincuencia organizada, para anular el código que los ha mantenido suspendidos desde enero de 2024.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
