La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un informe este miércoles 18 de diciembre por medio del cual señaló el uso político de la justicia en Guatemala, una situación que consideró que socava la lucha contra la impunidad y amenaza la democracia.
La entidad detalló que la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, está persiguiendo al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo con investigaciones políticas sin evidencia creíble, mientras frena investigaciones por corrupción.
HRW añadió que, previo a la toma de posesión del presidente, la fiscal promovió una serie de acciones legales para menoscabar el proceso electoral que el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) calificaron como intentos de socavar la democracia.
Asimismo, aseguró que desde que Arévalo asumió el cargo en enero de 2024, la fiscalía ha iniciado investigaciones penales contra su administración sin que sustente las acusaciones. También recordó que, en noviembre pasado, un juez ordenó la cancelación del registro legal del partido oficial, Movimiento Semilla, como parte de un caso presentado por el MP.
Según la organización, el Ministerio Público ha iniciado al menos 17 investigaciones contra funcionarios gubernamentales de alto nivel y ha solicitado al menos seis veces a la Corte Suprema de Justicia que retire la inmunidad del presidente Arévalo para que pueda ser investigado penalmente.
“La fiscal general Porras, quien lideró acciones para revertir ilegalmente las elecciones, está abusando de su cargo para perseguir penalmente a funcionarios de gobierno sin evidencia creíble”, dijo al respecto Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
“En lugar de investigar el crimen organizado y la corrupción generalizada en Guatemala, la fiscal general se dedica a impulsar investigaciones selectivas para socavar a un gobierno al que se opone”, enfatizó.
HRW da seguimiento a situación en Guatemala
Según el informe de HRW, esa entidad entrevistó entre agosto y noviembre a 11 personas, incluyendo altos funcionarios de gobierno, exfiscales, y legisladores para profundizar en la situación que enfrenta Guatemala.
Una de las entrevistadas fue Ligia Hernández, exfuncionaria gubernamental y exlegisladora, a quien un grupo de investigadores de Human Rights Watch entrevistó mientras se encontraba en detención preventiva en la prisión de Matamoros.
Tras esas conversaciones sostenidas con los guatemaltecos, se concluyó que el MP formuló “múltiples investigaciones contra funcionarios gubernamentales por delitos, como “abuso de poder”, sobre la base de hechos que no parecen ser delictivos.
HRW señaló que se ha buscado una postura de la fiscalía guatemalteca, incluso se envió el 2 de diciembre una carta a la fiscal general solicitando información sobre las investigaciones de corrupción realizadas por su oficina; sin embargo, hasta ahora no se ha recibido respuesta.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
