La Fiscalía de España ha dado luz verde para que la Audiencia Nacional de Madrid examine una denuncia contra Julio Iglesias, quien enfrenta acusaciones de presunta agresión sexual y abusos laborales formuladas por dos exempleadas.
Este nuevo rumbo judicial responde a una segunda querella presentada en septiembre, después de que la primera fuera archivada porque las autoridades consideraron que los tribunales españoles no tenían jurisdicción sobre hechos ocurridos en el extranjero, específicamente en República Dominicana y Bahamas durante 2021.
El cambio de postura del Ministerio Público se apoya en la legislación que permite a España investigar crímenes internacionales si existe un vínculo relevante con el país.
Ahora un juez deberá decidir si existen pruebas suficientes para abrir una investigación formal en contra de Julio Iglesias.
Las acusaciones, respaldadas por las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, describen condiciones laborales extremas.
Las denunciantes aseguran que trabajaron en el Caribe bajo jornadas extenuantes de hasta 16 horas diarias sin descansos, sin contrato legal y con restricciones severas a su movilidad.
Además afirman haber sido sometidas a exámenes médicos obligatorios y a vigilancia en sus dispositivos de comunicación.
Posturas ante el proceso judicial
El juez Antonio Piña revisa la documentación para decidir si procede con la apertura formal de la causa. Mientras tanto, el equipo legal de Julio Iglesias exige el archivo del caso por considerar que carece de pruebas sólidas.
Por su parte, Julio Iglesias ha negado rotundamente los hechos a través de comunicados oficiales, calificando todas las imputaciones como "absolutamente falsas" y rechazando cualquier conducta inapropiada durante su carrera.
El desenlace de este conflicto legal dependerá de las próximas audiencias, las cuales serán determinantes para marcar el destino jurídico del expediente en curso durante los siguientes meses. La decisión de la Audiencia Nacional sentará un precedente importante en la aplicación de la justicia en casos de presuntos delitos transnacionales con implicaciones en España.
