El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó esta semana una orden ejecutiva que facilitará a los estados y ciudades remover a las personas sin hogar de las calles y enviarlas a centros de tratamiento, aunque estas no hayan dado su consentimiento.
Trump explicó que su administración ha adoptado un nuevo enfoque para lidiar con el problema de las personas sin hogar, "centrado en la protección de la seguridad" pública.
La medida pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.
También instruye a la fiscal a brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales que permitan el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidar de sí mismas.
"El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público", se lee en la orden titulada 'Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses'.
La normativa, además, requiere a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que "hagan cumplir las prohibiciones" sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo.
La orden también exige una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y personas con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y cómo dichos datos podrían utilizarse para justificar una mayor criminalización, advirtió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
"Notable desprecio"
Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU, dijo que la orden demuestra un "notable desprecio" por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables.
Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona.
Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la ACLU
Katovich recordó que Trump ha redoblado la apuesta por políticas que "castigan" a personas desfavorecidas, como la firma de la ley presupuestaria que diezma el programa de salud pública Medicaid, el principal financiador de servicios de adicción y salud mental.
La medida sigue una tomada en marzo pasado, cuando Trump ordenó al Servicio de Parques Nacionales remover los campamentos de personas sin hogar y los grafitis en tierras federales.
El número de personas (274 mil 224) que vivieron en las calles de EE. UU. en una sola noche durante el 2024 fue el más alto jamás registrado en el país, según datos citados por la Casa Blanca en la orden.
*Con información de EFE
