La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) adquirió uno de los programas de espionaje más poderosos del mundo, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de miles de inmigrantes.
De acuerdo con documentos públicos de contratación, ICE firmó un contrato de US $2 millones para acceder al software Graphite, desarrollado por la firma israelí Paragon Solutions y considerado una de las "ciberarmas" más avanzadas. Esta herramienta puede hackear cualquier teléfono móvil, incluso aplicaciones cifradas como WhatsApp y Signal, permitiendo a los agentes leer mensajes, acceder a fotos, rastrear ubicaciones y hasta convertir el dispositivo en un micrófono encubierto.
El contrato se cerró a finales de 2024, durante la administración Biden, pero quedó suspendido temporalmente tras una revisión ordenada por la Casa Blanca. La medida buscaba garantizar que el software no fuera mal utilizado ni representara riesgos de contrainteligencia. Sin embargo, la pausa fue levantada recientemente y ICE ya puede operar con Graphite.
Expertos alertan
Expertos en derechos digitales alertan que la tecnología, aunque promocionada como herramienta contra el crimen organizado, puede convertirse en un arma contra comunidades vulnerables, incluidos inmigrantes indocumentados. "Estas herramientas fueron diseñadas para dictaduras, no para democracias basadas en la libertad y la protección de derechos individuales", advirtió John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab.
El peligro no es teórico: en Italia, Graphite se utilizó para espiar a más de 90 personas, entre ellas periodistas y activistas de derechos humanos. A pesar de que Paragon asegura trabajar solo con "democracias" y tener políticas contra el mal uso, la empresa no revela quiénes son sus clientes ni cómo utilizan el software.
La directora de políticas del Knight First Amendment Institute, Nadine Farid Johnson, instó al Congreso de EE. UU. a imponer límites claros para evitar abusos. Mientras tanto, inmigrantes y defensores de derechos humanos temen que ICE utilice estas herramientas para ampliar la vigilancia sobre quienes ya viven bajo constante persecución.
