En el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del área Metropolitana dieron inicio este miércoles 22 de enero las audiencias en las cuales se va a avanzar con los procesos individuales para resolver la situación de los niños de la comunidad Lev Tahor.
Por el momento, el Estado tiene a su cargo a 135 menores que fueron separados de la secta el pasado 20 de diciembre, cuando vivían en una comunidad ubicada en Oratorio, departamento de Santa Rosa.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) detalló días atrás que les fueron entregadas citaciones a los padres de los menores que han sido separados para indagar más sobre la situación y determinar el futuro de los niños.
El titular de esa institución, Julio Saavedra, explicó que se llevarán a cabo unas 145 audiencias que, según sus palabras, marcan el momento en el que la Procuraduría va a poder presentar los hallazgos de las investigaciones que se han ido avanzando.
En ese contexto, esta mañana comenzaron las diligencias en el referido juzgado y en las mismas se escuchará los argumentos de la PGN y el Ministerio Público sobre la situación de los menores.
Para esta jornada se programaron seis audiencias. En estas se utiliza una técnica que incluye el uso de una cámara Gesell, que permite que los niños puedan referirse a su situación sin que se den cuenta que están declarando. Los menores hablan sin tener ningún tipo de presión y se encuentran acompañados todo el tiempo por trabajadoras sociales y psicólogas.
Miembros de Lev Tahor señalan "ataque político"
Uriel Goldman, líder de la comunidad Lev Tahor, dijo ante los medios de comunicación que lo están enfrentando "un ataque político muy fuerte". Además, recordó que la mayoría de los niños son guatemaltecos y solo hay tres israelíes y algunos canadienses.
"En los últimos cinco días ya son 12 casos de niños que fueron enviados al hospital. Están muriendo", expresó. En ese sentido, señaló que la prioridad debe ser el tema de la salud de los menores.
Por su parte, Abraham Linken enfatizó que "la culpa" no es de Guatemala, sino del Estado de Israel. Expuso que salieron de ese país con rumbo a Estados Unidos, pero esa nación era presionada por israelíes, así que se movilizaron hacia Canadá, donde permanecieron durante 10 años.
Después, se dio una situación donde intervinieron las autoridades de Protección de la Niñez canadienses y, aunque no encontraron anomalías en la comunidad, sí se les indicó que se aplicarían las leyes sobre la educación y, al no utilizar los lineamientos oficiales sino los propios, se consideró que había "abuso de menores" y les "querían quitar los niños".
"Entonces, salimos de Canadá y venimos a Guatemala para buscar refugio, para nuestras creencias y vivir en paz", añadió. También dijo que hubo presiones para allanar su comunidad, lo que se desató la situación en la que los menores les fueron retirados y separados de sus padres.
En tanto, Guillermo Jeréz, uno de los abogados defensores de la comunidad Lev Tahor, comentó en las afueras del juzgado que aún no tienen el expediente del caso y también señaló que hay mucha desinformación en el marco de la situación de los menores. De igual forma, recordó que "todos tienen el derecho de presunción de inocencia".
"Si en Guatemala tenemos funcionarios públ.cios que han hecho aberraciones, si tenemos diputados saliendo de casas cerradas donde hay, de verdad, trata de personas y niñas prestando servicios sexuales, pero se venden como personas pro familia, entonces cómo es posible que solo por un par de noticias vengamos a señalar a las personas sin derecho a que se preste su defensa y que sean vencidos en juicio como lo regula la Constitución Política de la República de Guatemala", dijo.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
