Comunidades indígenas del norte de Guatemala interpusieron este martes 25 de marzo una demanda ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para detener la intención del Congreso de reactivar las operaciones de la petrolera anglo-francesa Perenco en la selva maya de Petén, en el extremo norte del país.
El abogado del 'Bufete para Pueblos Indígenas', Juan Castro, indicó a EFE que el argumento para detener la posible ampliación de esta petrolera, ya que se había ordenado su cierre para el próximo agosto, es que cuando se le dio su primera licencia hace 40 años "no tenía estudios de impacto ambiental y ahora tampoco los tiene".
"Es una amenaza inminente que existan perjuicios y daños que no han sido evaluados por el Ministerio de Energía y Minas", agregó Castro y advirtió que no se conoce si la petrolera Perenco tiene medidas de mitigación para los daños que su actividad puede provocar a la biodiversidad de la zona.
Las autoridades indígenas, en concreto, presentaron un amparo para que los magistrados constitucionales (máximo tribunal del país) intervengan sobre las reformas a la ley de hidrocarburos que un sector de congresistas busca aprobar esta semana en el Parlamento guatemalteco.
En ese caso, conforme a la ley, los magistrados pueden solicitar informes al Congreso sobre esas reformas durante su discusión (impidiendo la probable aprobación) o tras ser aprobadas para analizar la posible revocación o no.
Empresa debería cerrar en unos meses
De acuerdo con los demandantes, las reformas fueron presentadas en 2022 por el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y pretenden prorrogar permisos de explotación minera, como el de la petrolera que opera en Laguna del Tigre, una reserva en el centro de la biosfera maya.
Las actividades de esa empresa, que opera en Guatemala desde 2001, representan el 90% de la extracción de petróleo en el país, de acuerdo con sus datos oficiales, y en 2024 el Gobierno de Bernardo Arévalo ordenó su cierre paulatino que, en teoría, debería darse este próximo agosto.
Sobre la propuesta que pretende mantener vigentes sus actividades en el país, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, dijo esta semana a medios locales que la medida está siendo revisada con el Congreso antes de una posible aprobación.
Estudio señaló impacto de las actividades en el ambiente
El Ministerio de Energía y Minas indica que Perenco paga un 6% de regalías al Estado de Guatemala, distribuido en las 14 municipalidades donde el proyecto de hidrocarburos tiene impacto directo.
En 2011, la Organización social Collectiff lanzó un estudio en el que señaló a Perenco como responsable de la contaminación del agua y el aire de las zonas del parque nacional Laguna del Tigre y la Sierra Lacandón, donde habitan más de 50 comunidades indígenas.
