El Ministerio Público (MP) se refirió este miércoles 23 de abril al caso por el cual se señala al viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, Luis Pacheco, quien presidió la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán cuando se llevaron a cabo movilizaciones durante más de 100 días en 2023 en defensa de la democracia.
En una conferencia de prensa que brindaron esta tarde, las autoridades del ente investigador señalaron que este expediente se encuentra bajo reserva judicial, pero enfatizaron que corresponde a un proceso objetivo en el que no se está criminalizando a ninguna persona ni grupo en general.
El fiscal regional metropolitano, Dimas Jiménez, señaló que la investigación no se enfoca contra los 48 Cantones, sino contra personas involucradas en posibles anomalías y quienes, según sus palabras, en su momento, manifestaron ser parte de esa organización indígena.
"En este caso, podemos advertir que hubo una planificación previa. Hubo bloqueos focalizados con un propósito colectivo. Ese propósito, no necesariamente tenían conocimiento todas las personas que estaban bloqueando, sino determinadas personas que hoy están siendo objeto de investigación y dos de ellas ya fueron capturadas", añadió.
El pronunciamiento de la fiscalía se dio luego que se ejecutaran las aprehensiones de Pacheco y Héctor Manuel Chaclán Batz, ambos sindicados de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.
Se aclaró que el juzgado correspondiente emitió un total de cinco órdenes de captura; sin embargo, en los operativos llevados a cabo este día solo se pudo ubicar a dos de los señalados.
MP investiga irregularidades durante manifestaciones
Klayber Sical, fiscal de sección de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, reiteró que el caso está bajo reserva, por lo cual no podría profundizar en detalles. Únicamente explicó que la investigación se inició ante denuncias recibidas con respecto a hechos ocurridos desde octubre de 2023 hasta enero de 2024.
Mencionó que los hechos expuestos señalan que hubo quienes intentaron tomar control del MP para garantizar impunidad a ciertos actores. Por ello, la fiscalía a su cargo asumió la investigación de los posibles actos delictivos.
Según sus palabras, se trató de una investigación estratégica, técnica y sustentada en medios de investigación convincentes de la que hoy se presentan resultados concretos.
"La Fiscalía recibió una denuncia donde se establecían hechos violentos donde se alteraba la seguridad y el estado constitucional e institucional del país. No se está criminalizando el derecho a la manifestación ni libre expresión del pensamiento, como se ha indicado, ni tampoco se está criminalizando a ningún grupo en específico", dijo.
Finalmente, aseguró que la investigación logró individualizar a estas cinco personas y, además, se lograron obtener "sinnúmero de medios de investigación" que hacen creer que las actitudes y los hechos de los sindicados son constitutivos de delito.
