El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal desarrolló este martes 20 de mayo la audiencia de primera declaración de Byron Ureta, exrepresentante legal de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), implicado en el caso Transurbano.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en su momento se le entregó al sindicado aproximadamente 2 mil 800 molinetes para que los resguardara como parte de la evidencia que estaba a cargo del Ministerio Público (MP).
Supuestamente, Ureta trasladó estos equipos desde una bodega de Villa Canales, Guatemala, hasta un espacio ubicado en la zona 18 capitalina. Sin embargo, al hacer esa movilización únicamente se llevaron 1 mil 383 molinetes, por lo que haría falta una cantidad bastante grande.
Lo único que se supo fue que alrededor de 180 molinetes eran utilizados en el sistema Transurbano, pero hasta la fecha se desconoce el paradero de alrededor de 1 mil de estos equipos.
En ese contexto, el Ministerio Público (MP) hizo la petición al órgano jurisdiccional para que el sindicado fuera ligado a proceso por los delitos de retención o apropiación indebida y desobediencia.
Tras escuchar los argumentos de las partes del proceso, el juez Mario Hichos resolvió dictar auto de procesamiento contra Ureta por los referidos cargos, pues consideró que existen indicios de su posible implicación en los hechos irregulares.
Condena por caso Transurbano
El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal llevó a cabo en diciembre de 2024 la audiencia de reparación digna contra Luis Ramos Alegría, quien fue sentenciado ese mismo mes dentro del caso Transurbano tras someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos.
En su declaración, el sindicado aceptó haber participado en el ocultamiento de varios molinetes que ya habían sido incautados por las autoridades en concepto de evidencia, los cuales incluso llegaron a ser utilizados en las unidades de transporte a pesar de ser parte de una investigación.
En ese sentido, la resolución del juez Mario Hichos con respecto a su situación legal incluyó una condena de tres años y seis meses de prisión por los delitos de apropiación o retención indebida y obstaculización a la acción penal. Sin embargo, debido a que se sometió al procedimiento de aceptación de cargos, la pena fue rebajada a la mitad.
Son 150 molinetes los que habrían sido sustraídos del almacén correspondiente, mismos que tienen un valor de Q13 mil cada uno y que, hasta ahora, no han sido devueltos a su lugar de origen. Entonces, se atribuyó al procesado un pago de aproximadamente Q15 mil por concepto de la utilización de la totalidad de los molinetes, pues se programó la entrega de los equipos.
De acuerdo con la resolución del juez, el referido monto será dirigido a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Asopagua). Además, si algún molinete está en mal estado también deberá cubrir lo que corresponda.
