El Tribunal Décimo de Sentencia Penal continuó este miércoles 28 de mayo con el juicio en contra del exfiscal anticorrupción, Stuardo Campo, y dos exauxiliares fiscales señalados de supuestas irregularidades en la investigación del caso Alfa Siete.
Durante la audiencia, uno de los abogados defensores presentó una formal protesta bajo el argumento de que el Ministerio Público (MP) estaba mostrando un documento diferente al que solicitó que se autorizara en su momento, específicamente en la audiencia de ofrecimiento de prueba, como uno de los elementos a tomar en cuenta.
"Lo que está siendo puesto a la vista es un acta de fecha de fecha 27 de mayo del año 2023 y el mismo no documenta ninguna diligencia relacionada al allanamiento, inspección y registro, sino se indica que esto corresponde y documenta la entrega de un teléfono celular que fue suministrado por los agentes de la policía, el cual fue incautado al señor Bryan Antonio Palencia", explicó el profesional del derecho.
Reiteró que la papelería evidenciada por el fiscal no documenta la diligencia de allanamiento que explica en el objeto de medio de prueba que fue ofrecido en el ofrecimiento correspondiente.
Tras discutirse este incidente, el Ministerio Público continuó con la presentación de la prueba documental contra el exfiscal Campo y los otros dos sindicados.
Luego de varias horas de desarrollo de la audiencia, la jueza Magda Martínez, del Tribunal Décimo, resolvió que la audiencia continuará el próximo miércoles 11 de junio.
Caso contra Campo
El caso "Alfa Siete" es el primero de los tres que han surgido contra Campo. Los otros dos donde está sindicado son el denominado Zolic y Libramiento de Chimaltenango.
En esta investigación se señala a los exfuncionarios del Ministerio Público por supuestas irregularidades en el desarrollo de una investigación contra una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes.
De acuerdo con la fiscalía, supuestamente los sindicados omitieron revisar la documentación del caso, lo que derivó en la detención de una persona que no estaba vinculada a la red delictiva y esto generó que pasara aproximadamente 20 días en prisión preventiva, hasta que se determinó que no tenía vínculos con esta organización y se pidió su liberación.
* Con información de Ángel Oliva y Omar Solís, Emisoras Unidas.
