La defensa del viceministro de Desarrollo, Luis Pacheco, y del extesorero de los 48 cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán, interpuso un amparo este lunes 9 de junio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a que recientemente se emitió una resolución en la cual se sumó un nuevo delito a ambos.
Según explicaron los abogados de los exlíderes indígenas, la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal aceptó un recurso planteado por el Ministerio Público (MP) y ordenó que los sindicados en el caso que se sigue por las manifestaciones del 2023 sean investigados por el delito de asociación ilícita.
Jovita Tzul, del equipo legal de los exlíderes indígenas y quien acudió esta tarde a la CSJ para plantear la acción constitucional de amparo, indicó que el proceso se encuentra bajo reserva, por lo que no podrían ampliar mayor información.
Sin embargo, indicó que, con base en la conferencia que brindaron las autoridades del MP el pasado 23 de abril, es de conocimiento público que a Pacheco y Chaclán les fue girada una orden de aprehensión por cinco delitos, pero fueron ligados únicamente por dos de estos.
La fiscalía les atribuyó a ambos los cargos de asociación ilícita, instigación a delinquir, sedición, obstaculización de la justicia y terrorismo; y es por estos dos últimos que actualmente enfrentan proceso penal.
"El MP ha presentado una apelación para que se les ligue por otro de los tipos penales. Razón por la cual estamos ante la CSJ presentando una acción de amparo por estar en desacuerdo de la forma en la que la Sala Cuarta ha resuelto en ese sentido. Esa es la razón de la acción que presentamos", añadió Tzul.
MP asegura tener "sinnúmero de medios de investigación" en caso contra Pacheco
Klayber Sical, fiscal de sección de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, explicó que la investigación contra los exlíderes de los 48 Cantones se inició ante denuncias recibidas con respecto a hechos ocurridos desde octubre de 2023 hasta enero de 2024.
Mencionó que los hechos expuestos señalan que hubo quienes intentaron tomar control del MP para garantizar impunidad a ciertos actores. Por ello, la fiscalía a su cargo asumió la investigación de los posibles actos delictivos.
Según sus palabras, se trató de una investigación estratégica, técnica y sustentada en medios de investigación convincentes de la que hoy se presentan resultados concretos.
"La Fiscalía recibió una denuncia donde se establecían hechos violentos donde se alteraba la seguridad y el estado constitucional e institucional del país. No se está criminalizando el derecho a la manifestación ni libre expresión del pensamiento, como se ha indicado, ni tampoco se está criminalizando a ningún grupo en específico", dijo.
Finalmente, aseguró que la investigación logró individualizar a cinco personas y, además, se lograron obtener "sinnúmero de medios de investigación" que hacen creer que las actitudes y los hechos de los sindicados son constitutivos de delito.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.
