A puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el magistrado Alejandro Prado, desarrolló este jueves 12 de junio la audiencia en la cual fue conocido un recurso relacionado con el caso "Odebrecht", en su fase "Acuerdos Fraudulentos".
Se trató de una recusación planteada por la Fundación contra el Terrorismo en contra de la jueza Judith Secaida, el Juzgado Quinto Penal, acción con la que se buscaba que la juzgadora ya no tuviera a su cargo el expediente judicial relacionado con esta investigación.
Tras analizar los argumentos expuestos por las partes involucradas, los magistrados resolvieron aceptar la recusación. En ese contexto, el caso fue trasladado al Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Mario Hichos.
Exfiscales guatemaltecos y funcionarios colombianos, señalados en caso "Acuerdos Fraudulentos"
Una Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó el pasado 2 de junio la detención de los abogados colombianos y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, fiscal general del país suramericano.
La detención emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco obedece por supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, indicó que la investigación en la que se vincula a los funcionarios colombianos y a exfiscales guatemaltecos corresponde al referido caso, aunque la fase se denomina "Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad". El fiscal aseguró que estas personas lejos de combatir la corrupción se convirtieron en parte de un proceso de extorsión y encubrimiento.
"Estos exfuncionarios vendieron, archivaron y eliminaron expedientes vinculados a personajes claves de la red Odebrecht, no por falta de pruebas, sino como parte de negociaciones corruptas, oscuras e ilegales en la que exigían dinero o favores a cambio de impunidad y eso está documentado", expresó la semana pasada al revelar detalles de la pesquisa.
El fiscal aseguró que los implicados "primero extorsionaban y luego judicializaban los casos con fines de persecución selectiva". Aseguró que ellos mismos "fabricaban" casos penales, muchas veces de contenido político, para encarcelar, desacreditar o inhabilitar a quienes no se sometían a sus exigencias.
La decisión de generar órdenes de aprehensión fue criticada por el extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, y la exjefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, así como por los exfuncionarios de justicia Siomara Sosa y David Gaitán, quienes recordaron que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir este tipo de órdenes, de acuerdo a la ley guatemalteca. A su vez, denunciaron que persisten las estrategias de criminalización por parte de las actuales autoridades del ente investigador guatemalteco.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
