El juez suplente Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, resolvió revocar los beneficios otorgados al expresidente Otto Pérez Molina en la aceptación de cargos por los delitos de fraude y cohecho pasivo, en el marco del caso Cooptación del Estado. Como resultado, el exmandatario deberá cumplir una condena de nueve años de prisión, aunque podrá conmutar la pena pagando una multa diaria de Q24 y una multa adicional de Q500 mil.
El juez, además, ordenó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Portuaria Quetzal inicien por la vía civil el cobro de los Q4 millones que Pérez Molina debe pagar como reparación digna, luego de que ambas instituciones solicitaran la revocación total de los beneficios.
Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) pidió que se revocaran parcialmente los beneficios, argumentando que la condena no debe tener rebajas y que el expresidente debe cumplir íntegramente las penas de cuatro años por fraude y cinco años por cohecho pasivo.
En ese sentido, tras la resolución, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló que la decisión judicial respondió a un análisis objetivo e imparcial del planteamiento realizado por el Ministerio Público.
Curruchiche también hizo referencia a las limitaciones del Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos, al considerar que existen vacíos legales no resueltos por el Congreso y poca jurisprudencia sobre su aplicación. Según el fiscal, estas lagunas han generado ambigüedades respecto a los montos de reparación económica y las penas impuestas a los sentenciados que se acogen a este mecanismo.
Otto Pérez Molina se pronuncia
Al finalizar la audiencia, Pérez Molina explicó que la revocación de los beneficios responde a que no pudo hacer efectivo el pago de Q4 millones que le fueron impuestos como reparación, debido a que sus cuentas bancarias permanecen embargadas. Señaló que, aunque no pudo pagar la suma total, no considera que haya salido beneficiado, ya que esos pagos debe realizarlos de todas formas.
Además, el expresidente Pérez Molina afirmó que la revocación significa que pierde los beneficios que había obtenido en la sentencia inicial.
El exgobernante guatemalteco fue condenado el 6 de septiembre de 2023 a 8 años de prisión por los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero, luego de someterse a un procedimiento especial de aceptación de cargos.
