Los maestros cumplen este jueves, 26 de junio, un mes de estar concentrados en la Plaza de la Constitución como parte de una Asamblea Permanente con la que buscan ejercer presión al Gobierno para avanzar en un Pacto Colectivo señalado de irregularidades.
Dicha medida, como rechazo al incremento salarial del 5 % otorgado por el Gobierno a todos los maestros del sector público, ha provocado una serie de amparos que han sido otorgados a favor de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Educación en favor de la educación de niños, niñas y adolescentes.
Un maestro que forma parte de la asamblea permanente intentó limitar la labor periodística al indicar que la Plaza de la Constitución, un área pública para todos los ciudadanos, era "zona restringida del magisterio". Esta acción se suma a otras en las que los representantes de ese sindicato han intentado evitar que periodistas tengan un acceso directo con los dirigentes.
Recientemente, se dio a conocer que uno de los amparos presentados por la PGN, de un tercer grupo de medidas legales, obligaba al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Guatemala (STEG) a levantar la medida de Asamblea Permanente, a presentar un informe circunstanciado en un plazo que vence este jueves. Además, ordena a que los maestros, que no están presentándose a sus labores, reanuden las clases.
La desobediencia a estas órdenes de carácter judicial puede desencadenar acciones penales, por lo que las clases deberán ser reanudadas el próximo 1 de julio. El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, afirmó en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas que los maestros deben regresar a las aulas el próximo 1 de julio, luego de que se les otorgara un amparo provisional que ordena el fin de la suspensión de clases a nivel nacional.
Saavedra explicó que el juez competente, tras recibir el informe solicitado al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), tiene la potestad de aplicar medidas para garantizar el cumplimiento de la resolución. Entre estas medidas podrían incluirse el apoyo de la fuerza pública, el inicio de procesos legales e incluso la destitución de los docentes que incumplan con la orden.
