Cuatro diputados oficialistas dieron a conocer este jueves 17 de julio que presentaron una querella legal contra el dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), Joviel Acevedo Ayala, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y afiliados de esa organización, así como de otras personas "que resulten responsables", por una serie de acciones que consideraron irregulares.
Los parlamentarios Andrea Reyes, Samuel Pérez, Luis Cáceres y Mercedes Monzón, integrantes del bloque del Movimiento Semilla, brindaron una conferencia de prensa esta tarde para ampliar detalles al respecto.
Reyes señaló que la querella se planteó ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por considerar que estas personas han cometido varios delitos entre el 26 de mayo y el 15 de julio. Algunos de los cargos que se les atribuyen son: usurpación agravada, contaminación y depredación de bienes culturales.
En el referido período el STEG ha mantenido una serie de medidas de hecho que incluye la realización de caminatas, bloqueos en carreteras, suspensión de clases y la instalación de un campamento en la plaza de la Constitución y alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Exponen señalamientos contra maestros
La diputada Reyes indicó que el Palacio Nacional fue ocupado ilegalmente y se instalaron carpas y estructuras temporales en el perímetro del inmueble como medida de presión política para exigir la firma de un pacto colectivo.
También expuso que esta acción pasó de ser un acto de protesta a convertirse en una violación directa al patrimonio cultural.
"Los hechos por los que se interpone esta querella no son menores, se trata de una serie de delitos que no solo atentan contra un edificio que es emblemático, como el Palacio Nacional de la Cultura, sino que también vulneran los derechos fundamentales de todas y todos los guatemaltecos", dijo al respecto la parlamentaria.
Señaló que los informes técnicos del Departamento de conservación y Restauración de Bienes Culturales e Inmuebles del Ministerio de Cultura y Deportes concluyen que se detectaron daños a la fachada principal y contaminación por condiciones insalubres, así como riesgos a la seguridad peatonal.
Sumado a esto, destacó que se tiene un fuerte impacto humano, pues consideró que las acciones del STEG responden a los intereses particulares y no al bien común, situación que impacta directamente en la niñez y adolescencia del país que debería tener acceso sin restricciones a la educación.
"Mientras un sindicato presiona por los beneficios para unos pocos, el ciclo escolar se ve interrumpido y el derecho constitucional a la educación está siendo vulnerado", expuso la legisladora.
Finalmente, aclaró que esta no es una acción contra el derecho a organizarse, expresarse ni contra el derecho sindical, sino en favor del respeto del patrimonio cultural y de la ciudadanía para acceder a una educación digna.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
