El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió este miércoles 23 de julio ligar a proceso penal al exdiputado del extinto Partido Patriota, Juan Pablo Urrea, por su presunta implicación dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.
La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en horas de la mañana y durante la misma las partes expusieron sus argumentos. En el caso de la fiscalía, presentó los indicios respectivos y manifestó que el exparlamentario estuvo involucrado en acciones ilegales. Por el contrario, la defensa señaló la falta de elementos para respaldar esos señalamientos.
La jueza Abelina Cruz Toscano analizó lo manifestado y consideró que existían indicios razonables que vinculaban a Urrea, por lo que decidió ligarlo a proceso penal por el delito de trafico de influencias. En ese contexto, la investigación en su contra deberá continuar.
La togada también benefició con medidas sustitutivas al sindicado, por lo que no deberá permanecer en prisión preventiva.
Caso Asalto al Ministerio de Salud
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), distintos funcionarios estarían involucradas con el pago de por lo menos Q50 millones en sobornos dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Asimismo, tendrían relación con el grupo criminal que operó en esa cartera durante la administración del exministro de Salud, Jorge Villavicencio.
El Ministerio Público consideró que este grupo habría cometido una serie de irregularidades, incluidas las de facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.
Las pesquisas revelaron que serían aproximadamente 50 personas las que participaron en los hechos irregulares. Sus acciones se enfocaron en tres puntos específicos para la sustracción de fondos:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas "fantasma".
El exministro Villavicencio y su hija Saraí Villavicencio Delgado se pusieron a disposición de la justicia el 2 de diciembre de 2019, tras permancer prófugos desde julio de ese año.
El exfuncionario tenía orden de captura vigente por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Mientras que Villavicencio Delgado era señalada de asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero, fraude y cohecho pasivo.
A su ingreso a tribunales en aquella oportunidad, el exfuncionario dijo a periodistas que los cargos que se les atribuían eran parte de una persecución política iniciada en su contra desde que salió de la cartera.
Jorge Villavicencio falleció el lunes, 20 de julio del 2020, por padecimientos derivados de Covid-19.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
