El Tribunal Sexto de Sentencia Penal llevó a cabo este lunes 28 de julio una audiencia en seguimiento a la situación de tres militares retirados señalados dentro del caso Industria Militar, donde se investiga una supuesta serie de actos irregulares.
Previo a iniciar el juicio en contra de los acusados, a quienes se les atribuye el delito de lavado de dinero, la defensa de dos de ellos solicitó que se les cambie la calificación jurídica a conspiración para el lavado de dinero y de esa forma aceptar cargos.
A dicha petición no se opuso el Ministerio Público; sin embargo, el ente investigador no fue claro en su argumentación, por lo que la jueza presidente del tribunal, Amparo Rivas, le llamó la atención.
Después de subsanar este tema y analizar la solicitud de los procesados, el tribunal resolvió aceptar las solicitudes de los abogados de someter a sus patrocinados a la aceptación de cargos, pero no admitió cambiarles el delito. El argumento planteado es que la ley indica que, al acepta cargos, se acepta la acusación en su totalidad, es decir, que se cometió el delito imputado inicialmente.
Tras esta situación, los procesados José Cotzojay y Rolando Enrique Hernández se retractaron de someterse al proceso especial de aceptación de cargos.
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Acerca del caso Industria Militar
Una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala estableció la existencia de un supuesto grupo criminal que operó al interior de la Industrial Militar durante los años 2008 al 2011.
Esta estructura estaba presuntamente integrada por coroneles del Ejército, quienes para cometer varios ilícitos contrataron al mayor retirado Rolando Hernández como "representante de ventas" de la entidad.
De acuerdo con las pesquisas, esta persona recibió Q23.4 millones en el período comprendido entre los años 2008 al 2011, provenientes de ganancias por comisiones establecidas en ventas de la Industria Militar, las que estuvieron plagadas de irregularidades.
Dicha cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la industria por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
