La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, resolvió este viernes 5 de septiembre, por unanimidad, denegar' el amparo provisional solicitado por el Ministerio Público dentro del caso que se sigue contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra.
Con el referido recurso, la fiscalía pedía que se reactivara una orden de captura en contra de la exfiscal y que se le declarara en rebeldía.
Laparra lideró investigaciones contra redes de corrupción que involucraban a funcionarios, jueces y estructuras de poder. A raíz de su labor, enfrentó procesos penales que organizaciones nacionales e internacionales han calificado como criminalización. Estuvo detenida durante casi dos años y, tras su liberación, optó por salir del país ante el riesgo a su seguridad.
Mientras la exfiscal se encuentra en el exilio. En Guatemala han continuado los recursos legales en su contra por parte de la fiscalía.
El pasado 5 de junio, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango resolvió decretar la rebeldía de Virginia Laparra, extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de ese departamento.
Asimismo, los magistrados dieron con lugar la solicitud del exjuez Lesther Castellanos para girar orden de captura internacional contra la exfiscal, quien actualmente se encuentra en el exilio tras enfrentar procesos penales en Guatemala.
La resolución de la Sala fue argumentada con base en distintos factores, incluido que, según se indicó, Laparra no ha entregado ninguna justificación para no estar presente en audiencias en seguimiento a temas que la vinculan.
Laparra señala "colapso del sistema de justicia en Guatemala"
A mediados de año, tras conocerse la nueva orden de captura en su contra, la exfiscal Laparra emitió una carta abierta en la que indicó que desde el exilio levanta su voz ante la reciente orden de detención girada en su contra.
"Esta medida confirma, de manera contundente, el colapso del sistema de justicia en Guatemala y reafirma que mi decisión de buscar resguardo fuera del país fue necesaria para preservar mi libertad y mi vida", expresó.
Agregó que esa orden representa una "nueva persecución judicial" y "es un claro acto de represalia" por la labor que realizó al investigar hechos de corrupción que, en su opinión, estuvieron "profundamente arraigados en las estructuras del Estado".
