Luego que diputados del Congreso de la República aprobaron y dieron por sancionado el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,, argumentado que el veto del Presidente, Bernardo Arévalo, ocurrió fuera de tiempo, el Gobierno anunció acciones legales para impedir que dicha norma entre en vigencia
Por moción privilegiada del diputado Álvaro Arzú Escobar, los diputados señalaron que el veto del mandatario se realizó fuera del plazo que establece la Ley, por lo que tras una serie de intercambio de señalamientos, se dio por sancionado el Decreto 7-2025.
A través de un comunicado, el Gobierno afirmó que dicho decreto fue vetado y devuelto dentro del plazo constitucionalmente establecido y cumplió todos los requisitos. "Es una expresión clara de la decisión del Presidente de la República de no sancionar una iniciativa que, evidentemente, era inconstitucional", señaló el Gobierno.
"El Congreso debió conocerlo y actuar conforme a la Constitución, pero 84 diputados, con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento", agregó el Gobierno en un comunicado.
El Gobierno anunció que presentará las acciones legales respectivas para hacer valer esta decisión e impedir que una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público entre en vigencia.
Felicita a diputados
El presidente de la de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam), Sebastián Sierro a través de una publicó en X, felicitó a los diputados que aprobaron dicho decreto.
"Felicito a los Diputados que le dan prioridad al desarrollo local por medio de los proyectos que vienen de la estructura participativa ciudadana y que no cedieron a los corruptos ofrecimientos ni a las amenazas de funas y descrédito en redes sociales que hizo el oficialismo.", indicó Sierro.
El presidente de Anam, agregó que el equipo del Presidente Arévalo lo vuelve a hacer mal y le conduce al error en el veto al decreto 7-2025.
"Este decreto pone fin a la extorsión en la emisión de avales, condicionamiento en las votaciones en el Congreso y a la corrupción de algunos gobernadores.", indicó.
Con información de Dayana Rashon, David Alvarado y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*
