La Corte de Constitucionalidad (CC) le dio tramite este viernes, 10 de octubre, al amparo presentado por diputados oficialistas luego que el Congreso de la República desconoció el veto presidencial con respecto al decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional le solicitó un informe circunstanciado al Legislativo para que exponga los antecedentes sobre la aprobación del acuerdo Legislativo 6-2025, que sancionó el mencionado decreto. El mismo debe ser remitido en un plazo de 48 horas.
Esta nueva ley busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
Sin embargo, al analizar su contenido, el Ejecutivo determinó que existían conceptos que contravenían lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que el presidente Bernardo Arévalo decidió vetarlo y lo devolvió al Congreso.
Ante esta situación, los diputados oficialistas anunciaron ayer que presentaron una acción de amparo ante la CC en contra de la decisión del Legislativo contenida en el Acuerdo 6-2025, por la cual se tuvo por "sancionado" el Decreto 7-2025 y se ordenó su publicación inmediata, a pesar de existir el veto presidencial por inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa, los legisladores electos por el Movimiento Semilla aseguraron que la decisión impugnada quebranta principios esenciales como el debido proceso, la legalidad, el imperio de la ley, la separación de poderes y la supremacía constitucional.
"Fue desconocido el derecho de veto del Presidente cuando alega inconstitucionalidad y omitida la opinión previa y obligatoria de la CC", resaltó el parlamentario Raúl Barrera acerca de lo ocurrido.
Gobierno anuncia más acciones legales
El Gobierno ha insistido en que se dio cumplimiento a las leyes vigentes y preceptos constitucionales en cuanto al veto del presidente Bernardo Arévalo que se emitió al Decreto 7-2025, por lo que anunció acciones legales contra la decisión del Congreso.
El secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, dijo ayer durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la acción de 84 diputados que ignoraron ese veto se basó en "argumentos güisachezcos".
Al ser cuestionado con respecto a si los legisladores que avalaron este tema podrían haber incurrido en algún delito, indicó que es probable, pues consideró que hay fraude de ley.
"Pretender utilizar un decreto legislativo de 1968 y ponderarlo por encima de la Constitución, malinterpretando las normas jurídicas, a sabiendas de lo mismo, eso es posiblemente constitutivo del delito", manifestó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
