El Gobierno de Guatemala informó la noche de este viernes 10 de octubre que presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se deje sin efecto el Acuerdo Número 6-2025 del Congreso de la República, que vulnera el derecho al veto presidencial.
El Gobierno indicó que el amparo también busca dejar sin efecto la votación de la moción privilegiada, la cual dio paso al acuerdo citado.
"El Congreso, impulsado por irresponsables posturas de 86 diputados, transgredió el derecho constitucional de veto presidencial. Se interpretó maliciosamente que el acto de publicación del veto en el Diario Oficial y el establecimiento de un plazo de vigencia eran indispensables para que sea válido, y no únicamente su comunicación formal al Congreso de la República.", detalló el Gobierno a través de un comunicado.
El Gobierno agregó que ningún veto presidencial publicado en el Diario de Centro América, del que se tenga registro, ha contenido estos requisitos. "No es indispensable que el veto sea publicado para que este sea válido, tal como se observa en los tres vetos presidenciales presentados al Congreso de la República durante la administración pasada", detalló.
"La transgresión cometida por los 86 diputados impidió que se conocieran las posibles inconstitucionalidades señaladas por el Presidente de la República en el Decreto Número 7-2025 del Congreso de la República. Como se ha señalado, estos aspectos son relevantes, ya que el mencionado decreto es una norma que pone en riesgo la transparencia y eficiencia del gasto, entre otras materias.", indicó el Gobierno.
Este viernes la Corte de Constitucionalidad le dio tramite al amparo presentado por diputados oficialistas luego que el Congreso de la República desconoció el veto presidencial con respecto al decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Asimismo, el máximo tribunal constitucional le solicitó un informe circunstanciado al Legislativo para que exponga los antecedentes sobre la aprobación del acuerdo Legislativo 6-2025, que sancionó el mencionado decreto. El mismo debe ser remitido en un plazo de 48 horas.
Esta nueva ley busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
