El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) manifestó este viernes, 17 de octubre su profunda preocupación por recientes acciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de la República, por considerar que se vulnera el orden constitucional y la independencia de los poderes del Estado.
El gremio denunció la creación e integración irregular de nuevas Salas de Apelaciones con "magistrados titulares provisionales", figura que calificó de inexistente y contraria al proceso de postulación y elección.
El colegio indicó que reconoce que ampliar la cobertura de la justicia y acercar los servicios judiciales a la población es un objetivo legítimo y necesario para fortalecer el acceso a la justicia. Sin embargo, consideró que ese fin no puede alcanzarse mediante procedimientos contrarios al orden constitucional.
"Esta actuación desnaturaliza el régimen constitucional de nombramientos judiciales previstos en los artículos 165 literal f) y 217 de la Constitución Política de la República, que reservan de forma exclusiva al Congreso la elección de magistrados de segunda instancia a partir de nóminas elaboradas por comisiones de postulación", expuso el CANG.
Congreso desconoció veto presidencial
El Colegio de Abogados advirtió que el Congreso de la República desconoció de forma indebida el veto presidencial al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, debilitando el sistema de frenos y contrapesos.
Expuso que, de conformidad con el artículo 178 de la Constitución Política de la República, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, ejerció oportunamente su facultad constitucional de veto, devolviendo el decreto al Congreso con las observaciones correspondientes y publicando el acuerdo gubernativo respectivo en el diario oficial el 6 de octubre. No obstante, el Legislativo resolvió desconocer ese veto.
"Tal interpretación vulnera el diseño constitucional del veto presidencial, que no reviste carácter normativo ni constituye una disposición de observancia general, sino que se configura como un acto de control republicano y político entre los poderes del Estado", enfatizó el Colegio.
Ante este panorama, el CANG hizo un llamamiento urgente a la Corte de Constitucionalidad para que ejerza su rol de garante constitucional y corrija los actos que socavan la supremacía de la ley.
