El presidente, Bernardo Arévalo, informó que la tarde de este lunes 1 de diciembre recibió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, en el que alertó sobre un grave deterioro institucional en el país.
El mandatario destacó el daño que la cooptación del sistema de justicia y el debilitamiento de las instituciones democráticas que le ha generado a Guatemala.
"Necesitamos trabajar unidos para cerrar este capítulo oscuro en la historia de nuestro país y unir fuerzas, más allá de las ideologías o corrientes de pensamiento. El Pueblo lo pide y debemos responder.", indicó Bernardo Arévalo a través de una publicación en X.
La CIDH se sumó a las voces de preocupación internacionales respecto al proceso de las próximas elecciones de segundo grado en Guatemala, un mecanismo clave que renovará importantes autoridades del sistema judicial y electoral del país en 2026.
La relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak, expresó en conferencia de prensa que la comisión comparte la inquietud manifestada por mecanismos de observación de la sociedad civil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial de independencia judicial de Naciones Unidas.
"La Comisión Interamericana se suma a todas esas preocupaciones y por eso hace un llamado de advertencia en relación con el proceso de nominación que está pendiente para el año 2026", declaró Pochak.
Las elecciones de segundo grado en Guatemala son procesos internos, no de voto popular directo, que sirven para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de renovar la Contraloría General de Cuentas (CGC) y, de manera crucial, al Fiscal General de la República.
Estos nombramientos, que se realizan mediante Comisiones de Postulación, son considerados vitales para la vigencia del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.
Las misiones de la OEA y la Unión Europea (UE) ya han iniciado observaciones a estos procesos, que han generado inquietud por manifestaciones de temor a la "criminalización", el acoso judicial y los ataques en redes sociales contra potenciales candidatos, lo que podría inhibir la participación de profesionales idóneos.
En este contexto, el presidente Bernardo Arévalo de León también ha instado a profesionales a participar para "rescatar las instituciones".
La CIDH, ante las preocupaciones por la falta de independencia judicial, un funcionamiento deficiente de los poderes y el debilitamiento de la democracia en la región, emitió recomendaciones específicas para asegurar la legitimidad de los nombramientos.
La Comisión Interamericana urgió a Guatemala a adoptar reformas legales que aseguren que los procesos de selección y nombramiento se rijan por los estándares interamericanos, priorizando criterios de mérito, capacidad profesional e independencia, y que sean "procesos libres de injerencias políticas".
Con información de agencia EFE
