Más de una treintena de países tienen previsto firmar este martes, 16 de diciembre, una convención para la creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un órgano que decidirá sobre las indemnizaciones por los daños causados por la agresión por parte de Rusia y garantizar así la reparación por la guerra.
La iniciativa ha sido impulsada por el Consejo de Europa y Países Bajos y cuenta también con la participación de la UE y de estados no europeos como Australia, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Guatemala, México y Japón, que mantuvieron una conferencia hoy en La Haya representados por embajadores y otros altos dirigentes políticos. En total, 34 países y la UE se dieron cita hoy para apoyar la convención.
Esta Comisión Internacional de Reclamaciones constituirá la segunda parte de un mecanismo de compensación relativo a la agresión de Rusia, y se apoyará en el Registro de Daños para Ucrania ya existente.
El órgano de reclamaciones se establecerá en el marco del Consejo de Europa (organización intergubernamental independiente de la UE y de la que forman parte 46 estados europeos) y también estará abierto a otros países.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, afirmó que el citado registro y la nueva Comisión Internacional de Reclamaciones "serán las herramientas internacionales independientes que abordarán la cuestión de la compensación por la guerra de Rusia", antes de la reunión.
Berset, no obstante, añadió en una rueda de prensa posterior al evento que la Comisión solo se pondrá en marcha una vez se asegure una financiación que permita garantizar las compensaciones.
"Debe quedar algo muy claro: esto se hace para garantizar las reparaciones. Habrá reparaciones, pero estas no serán posibles si no logramos la rendición de cuentas y las reparaciones de manera adecuada", dijo Berset en rueda de prensa tras la reunión.
"Haremos todo lo posible por asegurar la rendición de cuentas y las reparaciones, especialmente para los individuos", añadió el responsable del organismo con sede en Estrasburgo, quien también admitió que este proceso "llevará tiempo".
En este sentido, apuntó a un plazo de aproximadamente "de 12 a 18 meses" para establecer el fondo de compensación, y dijo que el debate sobre su financiación "comenzará en las próximas semanas y meses". Una vez esté operativo el fondo y se evalúen las reclamaciones podrán comenzarse a pagar compensaciones a víctimas.
"Debemos contar con un marco legal claro y sólido para que esto suceda", dijo Berset, quien destacó la importancia "de que haya justicia y que quienes causaron el daño sean responsables".
Unión Europea apoyará el trabajo de la Comisión
La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó en la misma línea que Rusia "no escapará de pagar por los hogares, escuelas y hospitales que ha destruido", y destacó que la iniciativa impulsada hoy "es un paso importante hacia la rendición de cuentas".
La UE apoyará el trabajo de la Comisión y aportará una contribución inicial de un millón de euros, añadió Kallas.
El Registro de Daños para Ucrania, creado en 2023 y sobre el que se basa la nueva Comisión, recopila y registra las reclamaciones de compensación presentadas por personas, organizaciones y entidades públicas en Ucrania. Hasta la fecha, 44 Estados y la Unión Europea se han adherido al Registro, que ya ha recibido más de 80.000 reclamaciones.
Las negociaciones formales sobre la Comisión Internacional de Reclamaciones fueron convocadas por los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo del Consejo de Europa, a principios de este año, y en ellas han participado más de 50 Estados interesados, junto con la Unión Europea. La convención está abierta a la adhesión de otros países y organizaciones regionales.
La Comisión Internacional evaluará y decidirá sobre las reclamaciones presentadas al Registro de Daños para Ucrania y determinará el importe de la compensación, en su caso, que corresponda en cada situación.
La convención fundacional de la Comisión Internacional entrará en vigor una vez que haya sido ratificada por 25 signatarios, siempre que se hayan asegurado fondos suficientes para respaldar el trabajo inicial de la comisión.
