El Gobierno de Guatemala continúa con el análisis de las medidas que permitirán continuar con el funcionamiento y el cumplimiento de metas para las diferentes instituciones después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la aprobación del decreto 27-2025, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el período 2026.
El tema fue abordado este miércoles, 7 de enero, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el presidente Bernardo Arévalo indicó que el alto tribunal constitucional decidió "en último minuto" y "a última hora de 2025", por motivos de forma, suspender el presupuesto para el presente año.
En su opinión, lo ocurrido ha llevado a que el tema sea aprovechado para que estructuras que se dedican a desinformar infundan temor ante la capacidad del Gobierno de responder a la población.
"Mi gobierno está firmemente comprometido para trabajar y continuar dando respuesta al pueblo, brindar servicios y llevar desarrollo a todas las esquinas del país", enfatizó.
Añadió que la Constitución Política de la República establece los mecanismos que permiten garantizar que el gobierno siga funcionando. Adicionalmente, expuso que estarán trabajando junto con el Congreso en acciones para asegurar que este año se pueda responder, una vez más, a las necesidades del pueblo.
Finanzas trabaja en medidas presupuestarias
Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera, dio a conocer durante la conferencia que el presupuesto vigente, que sería el mismo de 2025, asciende a 154 mil 836.6 millones de quetzales, mientras tanto el que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad es por 163 mil 469 millones 328 mil 657.
En ese contexto, indicó que la brecha a superar ante la suspensión del Decreto 27-2025 es de alrededor de 8 mil 632 millones de quetzales, tanto en la parte de ingresos como en egresos.
De acuerdo con el funcionario, las implicaciones de contar con menos fondos en cuanto al tema de inversión pública, que se ajustaría ahora a 2025, es que todas las entidades tenían entidades nuevos programas y proyectos para 2026, pero estos deberán esperar hasta que se dé una ampliación presupuestaria y se pueda contar con más recursos para llevarlos a cabo.
"Se tiene una programación de metas, tanto en prestación de bienes públicos, por ejemplo, la construcción de la cárcel de máxima seguridad. El acceso a la electrificación rural con un préstamo también quedó suspendida porque no hay espacios presupuestarios. Tampoco para la construcción la carretera CA-9 de Teculután a Mayuelas y la implementación del sistema integrado de administración financiera, para lo que se tenía un préstamo, (entre otros)", señaló.
Agregó que en este momento no se cuenta con espacio presupuestario, pese a que en el Congreso ya están aprobados los decretos que avalaban los fondos para estas obras. Según sus palabras, eso hace necesario que el Ejecutivo se acerque al Legislativo para trabajar en una ampliación presupuestaria, de otra forma se estarían perdiendo esos recursos para implementarlos en el bienestar de la ciudadanía.
Desde finales del año pasado, cuando se anunció el fallo de la CC, el gobierno de Arévalo indicó que estaría presentando una iniciativa de ley para buscar una ampliación. Y, según Figueroa, los cuerpos técnicos del Ministerio de Finanzas se encuentran trabajando en el tema y explorando la forma técnica de realizar este ajuste.
"Porque están involucradas fuentes constitucionales, fuentes con destinos específicos, para poder ordenar y hacer los esfuerzos para que la planificación y programación que habían hecho las entidades sean respetadas con la máxima posibilidad posible", indicó.
En cuanto al momento en el que se entregará esta petición al parlamento, señaló que será el momento de tener "ya afinada" la propuesta sería el propicio para acercare al Legislativo.
Finalmente, mencionó que, sumado al tema de la ampliación, se contempla una normativa de transparencia que no está vigente y estaba considerada en el decreto 27-2025, así como regular aspectos de mejora en la ejecución de recursos públicos y que pueda proveerse de recursos a entidades que están actualmente desfinanciadas.
