El Ministerio Público (MP) reaccionó la tarde de este viernes 9 de enero a las sanciones de la Unión Europea (UE) "contra los responsables de las acciones que socavan la democracia, el estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala".
La Fiscalía. indicó que tales "sanciones" impuestas por actores externos carecen de fundamento jurídico, no tienen efectos legales en el ordenamiento guatemalteco y no inciden en modo alguno en la labor investigativa que esta institución desarrolla en cumplimiento de su mandato constitucional.
"El MP es un ente autónomo e independiente, sujeto únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala, a su Ley Orgánica y al control jurisdiccional de los tribunales de justicia. En consecuencia, no está subordinado ni sujeto a la supervisión de ningún ente internacional, ni sus funciones pueden ser condicionadas por decisiones ajenas al sistema jurídico nacional.", indicó el Ministerio Público.
El MP también calificó de lamentable el desconocimiento del funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco que evidencian este tipo de medidas, así como el uso de mecanismos externos para desacreditar el ejercicio de la acción penal. "Más grave aún es que dichas acciones vulneran los derechos humanos de fiscales y personal del Ministerio Público, quienes han sido objeto de presiones, amenazas y señalamientos por el solo hecho de cumplir con su deber constitucional de investigar hechos denunciados.", indicó.
Amplían sanciones
El Consejo de la Unión Europea acordó renovar otro año, hasta el 13 de enero de 2027, las medidas restrictivas selectivas contra señalados de ser responsables de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala.
Actualmente, estas medidas se aplican a ocho personas y una entidad, que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
Las primeras medidas de la UE contra Guatemala fueron impuestas en febrero de 2024, cuando la UE sancionó a la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero del mismo año.
Las sanciones afectaban también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, al juez Fredy Raúl Orellana, a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávil, informó el Consejo de la UE en un comunicado.
En junio pasado el Consejo incluyó en la lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle por "acciones que menoscaban el Estado de Derecho en Guatemala", consistentes según la UE en la persecución e intimidación de representantes de medios de comunicación y de abogados, jueces y fiscales.
