Las autoridades del Ministerio Público (MP) se refirieron este miércoles, 21 de enero, al caso de Harol Salguero, alias "Little Rebelde", quien fue capturado a inicios de la presente semana por presuntamente estar vinculado con los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El sindicado, quien se identificó ante un juez como pandillero, fue ligado a proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción; sin embargo, no enfrenta cargos por su supuesta vinculación con las agresiones contra las fuerzas de seguridad.
En la audiencia de primera declaración se presentaron videos, fotografías y mensajes extraídos de un teléfono celular que le fue decomisado a esta persona en los que se hacía referencia a los asesinatos de policías y la destrucción de evidencia. Sin embargo, los fiscales mencionaron que solo se trataba de indicios y no solicitaron que se le procesara por estos hechos.
En ese sentido, solamente se dictó auto de procesamiento contra Salguero por portación de armas y drogas, lo que ha sido criticado por el Gobierno. El presidente Bernardo Arévalo consideró "sospechoso" el hecho que no se haya pedido que se le vinculara por otros cargos y señaló que esto es una "burla" para el pueblo y las familias de las víctimas y una forma de proteger a os asesinos.
"No es verdad"
En conferencia de prensa este miércoles, el fiscal regional metropolitano, Dimas Jiménez indicó que es lamentable que se esté utilizando la pérdida de vidas humanas para continuar una campaña de desprestigio contra el Ministerio Público.
"La violencia no es excusa para atacar una institución del sector justicia que ha demostrado su capacidad en la resolución de casos. Una institución constitucionalmente establecida, autónoma, que actúa con independencia objetividad y apegada al principio de legalidad y al debido proceso", dijo.
Agregó que en el caso de Salguero fue detenido en flagrante delito y, en su momento, se le imputó el tema de las armas y drogas. Sumado a ello, mencionó que este personaje ya era objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Delitos Extorsión, que incluso ya había solicitado una orden de aprehensión por conspiración para cometer exacciones intimidatorias y asociación ilícita.
Según el fiscal, desafortunadamente la PNC tiene una mora de estas órdenes, de unas 15 mil aproximadamente, y no había sido ejecutada. En ese sentido, reiteró que eso no le corresponde a los fiscales.
"No es verdad que el Ministerio Público no le haya querido imputar ciertos delitos, porque el fiscal no puede decir ante juez qué se le imputa. El fiscal debe comprobar y decir (que lo hallado) en las diligencias de investigación encuadra en estos delitos", expresó.
Agregó que esta persona, como cualquier sindicado, debe tener también un abogado encargado de velar que no se le vulnere su derecho fundamental de defensa.
El fiscal Jiménez indicó que existe un plazo para que el Ministerio Público presente la acusación correspondiente, mientras tanto las investigaciones continúan, por lo que se tiene la posibilidad de profundizar en las averiguaciones y, si se puede comprobar de otros hechos delictivos, se solicitará la reforma del auto de procesamiento correspondiente o incluso una orden de aprehensión u citación a primera declaración por cualquier otro hecho delictivo que surja.
"El proceso penal no se agota en una sola fase o audiencia. Hay múltiples fases donde se tiene la posibilidad de hacer peticiones al juez", puntualizó. A la vez que reiteró que la entidad a la que representa trabaja de forma objetiva en los diferentes casos a su cargo.
