El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) advirtió este viernes sobre graves riesgos de "ilegalidad" y "criminalización" que amenazan los procesos de selección del nuevo fiscal general y la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de Guatemala.
Tras concluir su segunda visita al país centroamericano, ese panel presentó un informe preliminar donde destaca que la persistente criminalización contra líderes indígenas y opositores opera como un "factor intimidatorio" en el actual escenario político.
Los expertos señalaron su preocupación por la situación de la Universidad de San Carlos (USAC), cuyo Consejo Superior Universitario (CSU) mantiene autoridades con mandatos vencidos, lo que podría "invalidar" las decisiones en la elección de altas cortes.
"Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados participen o influyan en la elección de magistrados", subrayó el panel tras alertar que estas irregularidades comprometen la legitimidad democrática y generan inseguridad jurídica en la nación.
José Ugaz, integrante del PEI, dijo que el sistema de justicia ha sido históricamente excluyente para estos pueblos y la situación se mantiene en la actualidad.Agregó que existe temor de parte de los ciudadanos como consecuencia de la criminalización de parte de las actuales autoridades fiscales y judiciales, que ha derivado incluso en el encarcelamiento de tres exlíderes de 48 Cantones de Totonicapán y de un exalcalde indígena de Sololá.
"Esto, por el solo hecho de haber defendido las elecciones de 2023 de los múltiples intentos de manipulación que se produjeron. Estos pueblos, han denunciado que, a partir de 2019, las Cortes ha tenido un retroceso en la defensa de sus derechos y consideran indispensable que se reconfigure el sistema de justicia",
añadió el jurista peruano.
Recomendaciones sobre elecciones
Entre sus principales recomendaciones, el PEI-GT instó a la Corte de Constitucionalidad a establecer un mecanismo de resolución prioritaria para los amparos relacionados con las elecciones de segundo grado, con el fin de evitar tácticas "maliciosas" que entorpezcan los nombramientos.
Asimismo, pidió a la ciudadanía y a la comunidad internacional mantener una "auditoría social" constante para frenar posibles manipulaciones en el proceso.
Durante 2026, el país enfrentará procesos determinantes para su democracia, incluyendo la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas, en un clima de alta tensión por el control de las instituciones claves del Estado.
El panel, integrado por especialistas internacionales, concluirá su observación una vez finalicen las designaciones e insistió en que solo un proceso transparente garantizará la independencia judicial en el país.
* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.
