El abogado y escritor Marco Vinicio Mejía Dávila presentó un amparo en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), alegando que la legitimidad de este órgano está en entredicho al momento de seleccionar magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según los argumentos expuestos por el profesional del derecho, al menos 31 de los 41 integrantes del CSU carecen de legitimidad, lo que equivale al 75% del total, al estar vencidos sus respectivos períodos para ejercer los cargos.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Mejía Dávila explicó que esta situación podría traer serias consecuencias para los procesos de designación de magistrados constitucionales por parte de la Usac.
Mencionó que el artículo 156, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad indica que las designaciones realizadas por el CSU pueden ser impugnadas, y que será la persona designada previamente quien continuará en el cargo mientras se resuelvan las impugnaciones.
El fallo que pone presión al Consejo Superior Universitario
Mejía Dávila calificó de desobediencia la actuación del CSU, ya que la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, actuando como Tribunal de Amparo, dictó una sentencia el 18 de febrero de 2024 ordenando renovar los cargos vencidos y esta sentencia fue apelada.
"Es una evidente desobediencia del Consejo Superior Universitario. (...) Además, la Corte de Constitucionalidad, por sentencia de febrero de 2025, confirmó que, en un plazo de cinco días de estar firme el fallo, tenían que renovar los cargos vencidos, lo cual no han obedecido", señaló.
Especulaciones en torno a las posibles consecuencias
En redes sociales circularon especulaciones acerca de las implicaciones que podría tener este proceso, entre ellas la posibilidad de que la actual fiscal general, Consuelo Porras, pudiera resultar beneficiada. Mejía Dávila desestimó estas conjeturas y las tildó de "sin sentido", argumentando que por los tiempos procesales el amparo se resolverá después de los plazos clave, como la elección de un nuevo rector el 8 de abril y el fin de la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público, en mayo.
El jurista agregó que, en caso de que la funcionaria ya no tenga inmunidad para entonces, es probable que Porras opte por trasladarse a un país sin tratado de extradición con Guatemala, como Panamá. Bajo esta lógica, Mejía Dávila reiteró que pensar que la situación favorecería a la fiscal general es mera especulación.
Posibles cambios en el Consejo Superior Universitario
Al ser consultado sobre las posibles implicaciones de un fallo a favor del amparo, Mejía Dávila fue claro en que los 31 integrantes señalados como ilegítimos en el CSU tendrían que ser reemplazados. Recalcó que este proceso requeriría una nueva convocatoria en la que ya no participe el actual rector, Walter Mazariegos, cuya reelección esperaría que no ocurra el 8 de abril.
Según explicó, una nueva convocatoria implicaría un Consejo Superior Universitario renovado, formado por un rector diferente y miembros que no tengan cargos vencidos. Ante lo cual consideró que cambiaría radicalmente el panorama de la institución.
Mejía Dávila también apuntó que, con una nueva composición del CSU, el rector Mazariegos perdería el control que ha mantenido hasta ahora sobre el consejo, impidiendo, por ejemplo, designaciones como la de la exesposa de Luis Fernando Cordón Lucero, secretario general de la universidad.
Antes de terminar la entrevista, Mejía Dávila dejó clara su expectativa de que las sentencias judiciales sean finalmente acatadas.
