La familia Bitkov originaria de Rusia, que enfrentaron un proceso penal por uso de documentos falsificados, busca recuperar tres vehículos que les fueron incautados durante la investigación.
Los ciudadanos de origen ruso Igor Bitkov, junto a Irina y Anastasia Bitkova, le solicitaron a la jueza de Mayor Riesgo "D", Abelina Cruz Toscano, la devolución de tres vehículos incautados durante la investigación en su contra por uso de documentos falsificados.
La juzgadora indicó que no puede autorizar la entrega, ya que el expediente del caso se encuentra en un Tribunal de Mayor Riesgo, al cual deberán dirigir la solicitud
Igor Bitkov, fue condenado a siete años de prisión por los delitos de supresión y alteración del estado civil (5 años inconmutables) y uso de documentos falsificados (2 años con suspensión condicional).
Los tres jueces del Tribunal le dieron valor probatorio a las pruebas presentadas por la anterior Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, Bitkov fue absuelto por el delito de usurpación del estado civil.
El Tribunal ordenó la expulsión de Bitkov a su país de origen luego de cumplir la pena previo a verificación de la solicitud de resolución de estatus de refugiado que solicitó a la Dirección General de Migración.
Además ordenó la cancelación de todos los documentos utilizados por Bitkov para su identificación como ciudadano guatemalteco, pasaportes, licencia de conducir y las empresas inscritas en el Registro Mercantil.
Igor Bitkov -conocido como Gregorio Igor Benitez García y/o Leonid Zaharenco- fue objeto de la investigación a raíz de hallazgos obtenidos en la investigación de una red criminal que operaba en la Dirección General de Migración y en el Registro Nacional de Personas. Dicha red estaba integrada por abogados y tramitadores, quienes beneficiaban a sus usuarios.
En agosto de 2025, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo en definitiva a Bitkov y le ordenó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia revisar la condena de siete años por el delito de uso de documentos falsificados.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*
