Con un respaldo de 118 de los 124 diputados presentes en el pleno, el Congreso de la República avanzó en la ruta hacia la modernización del sector portuario, aprobando en tercer debate las iniciativas unificadas 6527 y 6541 que dan vida a la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Este organismo resaltó que la normativa representa un hito crucial en la política de puertos seguros, competitivos y orientados a potenciar el comercio exterior del país.
La aprobación responde al cumplimiento del Decreto 26-2024, que establece formalmente la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, institución impulsada por la X Legislatura. Ahora, la ley entra a su fase final, donde se revisarán y votarán los artículos uno a uno antes de su redacción definitiva.
Dos grandes retos: costos logísticos y debilidades estructurales
La necesidad de contar con un marco legal integral para el sistema portuario tiene su origen en dos desafíos principales. En primer plano, los sobrecostos que enfrentan los productos importados debido a retrasos considerables en los puertos nacionales afectan de forma directa el bolsillo de los consumidores. A esto se agregan problemas estructurales relacionados con la seguridad y protección portuaria, que generan dudas y presiones a nivel internacional.
El impacto de las demoras portuarias resulta notorio: en 2024, el costo logístico y de inspección en uno de los principales puertos del país afectó hasta en un 35% el precio final de productos para el consumidor. Además, el costo diario de fondeo de un buque puede alcanzar US$35 mil (más de Q268 mil), y con esperas que llegan a 45 días para buques de graneles sólidos y 25 días para los de graneles líquidos, el efecto acumulativo sobre la economía nacional y el costo de vida es severo.
Modernización para enfrentar la obsolescencia y duplicidad
Entre los puntos urgentes que buscan atender las propuestas legislativas destacan:
- Crear una autoridad nacional moderna y autónoma que concentre las decisiones y coordine el desarrollo portuario.
- Eliminar duplicidades en las competencias de las instituciones actuales, muchas de ellas obsoletas y desfasadas respecto a los modelos logísticos contemporáneos.
- Establecer procedimientos claros para inversión y expansión portuaria, definiendo modalidades contractuales eficientes y modernas.
- Elevar los estándares de seguridad portuaria para cumplir integralmente con el Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP).
El Congreso resaltó que el renovado marco normativo promete eficiencia operativa, seguridad, protección, mayor competitividad e inversiones sostenibles. También garantiza certeza jurídica para actores públicos y privados, protección del interés nacional e institucionalidad técnica sólida, junto a mecanismos de fiscalización y representatividad sectorial.
* Con información del Organismo Legislativo.
