Con una votación mayoritaria de 125 votos a favor, el Congreso de la República aprobó este martes, 14 de abril, en tercer debate la creación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. La iniciativa, identificada con el número 6593, fue presentada por el Organismo Ejecutivo en septiembre del año pasado y busca unificar la legislación nacional en torno a estos delitos bajo un marco legal moderno.
El principal objetivo de la nueva normativa es modernizar y consolidar la legislación vigente en Guatemala para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineando el marco guatemalteco con los estándares internacionales definidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y convenios internacionales suscritos por el país.
Legisladores de distintos bloques resaltaron la importancia crítica de esta ley para proteger el sistema financiero y evitar que Guatemala ingrese en la lista gris de naciones con deficiencias graves en la lucha contra estos delitos. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene programado para el 2027 la evaluación al país, lo que ha impulsado la necesidad de contar con una normativa adecuada y actualizada.
Cambios estructurales y armonización legal
El nuevo cuerpo legal introduce transformaciones tanto en el sistema de prevención como en el de sanciones, así como en la coordinación interinstitucional. Entre las novedades centrales figura la implementación del modelo internacional de "enfoque basado en riesgo", que exige a las instituciones identificar, evaluar y reducir los riesgos relacionados con el lavado de activos.
Durante el análisis y discusión de la iniciativa, los diputados incorporaron enmiendas orientadas a fortalecer la aplicación práctica y armonización de la ley con otras legislaciones nacionales y estándares globales, minimizando contradicciones legales que pudieran surgir.
- Modernización de la legislación antilavado
- Implementación del enfoque basado en riesgo
- Clarificación de definiciones centrales en el régimen preventivo
- Ampliación y delimitación de sujetos obligados
- Refuerzo de la coordinación y supervisión institucional
- Alineación de la ley con estándares internacionales
Retiran de la agenda la Ley de Ciberseguridad
Tras la aprobación de la iniciativa antilavado, el pleno abordó la discusión en tercer debate de la Ley de Ciberseguridad, contenida en la iniciativa 6347. Sin embargo, el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, solicitó que dicha iniciativa regresara a revisión en las comisiones de Asuntos de Seguridad Nacional y Economía, exponiendo que el dictamen conjunto presentaba "varias debilidades y no delimitaba las competencias de las entidades responsables de su ejecución".
Palencia argumentó que no se debe aprobar cualquier legislación, ya queuna ley mal estructurada puede transmitir una falsa sensación de seguridad y debilitar la capacidad de prevención y respuesta del Estado. Señaló que la propuesta confundía conceptos al mezclar ciberseguridad, ciberdelitos y la respuesta institucional, sin diferenciar claramente qué entidad asume cada función.
Las bancadas respaldaron la moción para remover la ley de ciberseguridad de la agenda, argumentando que no era conveniente legislar exclusivamente por reacción ante la coyuntura, como el reciente hackeo de datos en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).
Finalmente, tras recibir 94 votos a favor, la propuesta de Palencia prosperó y el Congreso remitió nuevamente la iniciativa de ciberseguridad a las comisiones correspondientes para que elaboren dictámenes separados sobre su viabilidad y contenidos.
