La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevará a cabo este viernes, 22 de mayo, la vista pública correspondiente para dar seguimiento del recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia emitida en contra de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra.
El caso fue conocido por un tribunal de Quetzaltenango, el cual dictó una condena de cuatro años de prisión conmutables contra la sindicada por el delito de abuso de autoridad. El expediente en el que fue señalada surgió debido a que Laparra denunció al ex juez Lesther Castellanos.
La exfiscal, quien se encuentra en el exilio, busca por la referida vía que se revierta la sentencia mencionada, pues durante el proceso que se ha seguido ha insistido en que no incurrió en actos ilegales.
Organizaciones piden justicia por Laparra
Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y justicia emitieron un pronunciamiento público en el que solicitaron al Estado de Guatemala garantizar el acceso a la justicia para la exfiscal Virginia Laparra, a quien consideran víctima de persecución política y criminalización por su labor contra la corrupción.
En el documento titulado "Justicia para Virginia Laparra", las organizaciones señalaron que la exfiscal sufrió prisión arbitraria, según lo establecido por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Asimismo, afirmaron que su caso forma parte de un patrón de persecución impulsado contra operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos durante las últimas administraciones del Ministerio Público.
El pronunciamiento destaca que Laparra tenía programada una audiencia para septiembre de 2026 relacionada con un recurso extraordinario de casación; sin embargo, la diligencia fue adelantada para este viernes 22 de mayo. Ese día, la Corte Suprema de Justicia conocerá el recurso vinculado con la primera condena emitida en su contra.
Las organizaciones recordaron que la exfiscal fue condenada a cuatro años de prisión conmutables y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, cuestionaron la solicitud de reparación económica planteada por la Procuraduría General de la Nación, que supera el cuarto de millón de quetzales, al considerarla una medida "desproporcionada e injusta".
Según el comunicado, una eventual confirmación de la condena sentaría "un grave precedente" para quienes trabajan en la administración de justicia de manera independiente. También advirtieron que profundizaría las afectaciones personales, profesionales y emocionales sufridas por Laparra durante su privación de libertad. En ese sentido, exhortaron a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a garantizar los derechos fundamentales de la exfiscal y de otros operadores de justicia que enfrentan procesos similares.
* Con información de Ángel Oliva y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
