El diputado Nery Ramos, primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso de la República, confirmó este martes 16 de junio que ya fue remitido al Ejecutivo el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, para su posible sanción por parte del mandatario Bernardo Arévalo.
La nueva reglamentación, aprobada el pasado 2 de junio, fue avalada por 150 de los 160 diputados que componen el Parlamento. Regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de todas aquellas personas que manejen fondos ilícitos sin poder probar el origen de su procedencia.
A la vez, la nueva ley cumple con los estándares solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional a nivel global que establece políticas para el combate contra el lavado de dinero.
De acuerdo a la nueva normativa, se endurecen las medidas cautelares penales contra el delito de lavado de dinero y también el embargo de bienes vinculados a quienes cometan dicho delito.
Además, hay más obligaciones legales para abogados, auditores, empresas y entidades consideradas de alto riesgo en el manejo de fondos monetarios, en busca de mayor transparencia en sus transacciones.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, indicó en su momento, a través de sus canales oficiales de comunicación, que la nueva ley "significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas".
De la misma manera, añadió que "hoy gana Guatemala" y que "pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado".
Más sobre la nueva Ley Antilavado
La nueva legislación unifica en un solo régimen jurídico las disposiciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incorporando además el tratamiento transversal del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a los estándares internacionales promovidos por el GAFI. Entre los principales cambios destaca la adopción de un enfoque basado en riesgos, que armoniza las obligaciones de prevención bajo una misma terminología y estructura normativa.
Para las personas obligadas, la reforma representa una simplificación significativa de los procesos de cumplimiento. La normativa establece un único Manual de Prevención, procedimientos de reporte unificados y una sola autoridad supervisora con competencia integral. Además, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) se consolida como el interlocutor técnico único, reduciendo los riesgos de incumplimiento involuntario que podían surgir de la dispersión y complejidad del sistema anterior.
La aprobación de esta ley responde también a diversos compromisos internacionales asumidos por Guatemala en la lucha contra los delitos financieros. Estas disposiciones promueven la identificación de beneficiarios finales, el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero y sectores vulnerables, así como la cooperación internacional y la recuperación de activos ilícitos. La actualización normativa cobra especial relevancia ante la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país en febrero de 2027, proceso que medirá el grado de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
