El Gobierno de Guatemala expresó este miércoles su "rechazo" a la pretensión del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de suprimir las elecciones y eliminar la alternancia democrática en el país centroamericano.
Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, afirmó en un mitin por el 47 aniversario de la revolución sandinista que "aquí (en Nicaragua) no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".
"Esa aseveración constituye una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de los principios de democracia y del sufragio universal", indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.
En la misiva, el Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo de León alertó que "la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho".
El rechazo guatemalteco se suma a las críticas del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, y a la reacción de países como Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador— y Costa Rica.
Llamado a restablecer garantías democráticas
El Gobierno de Guatemala manifestó su respaldo a la ciudadanía del país vecino y exigió el restablecimiento de las garantías democráticas.
"Guatemala expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado al pleno respeto a las libertades de expresión, de asociación y de participación política, elementos indispensables para garantizar una sociedad democrática que ejerza el derecho a celebrar elecciones periódicas, libres y justas", concluyó la Cancillería.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la Presidencia con Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional que creó esa figura. Su Gobierno enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir la competencia electoral.
Desde 2017 ejerce el poder junto a Rosario Murillo, su esposa y anteriormente vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.
* Con información de la agencia de noticias EFE.
