En un acto público, el Estado de Guatemala ofreció una disculpa a Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac, Esteban Toc y María Juana Elías, quienes habían sido encarcelados tras su vinculación con las manifestaciones ciudadanas de 2023 en defensa de la democracia. Al respecto de este tema se conversó este jueves, 8 de octubre, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, aclaró que se trató de un acto de Estado, no de Gobierno, y que la disculpa pública responde a un mandato judicial, valorando la importancia de diferenciar las obligaciones del Estado por encima de la voluntad política.
Según dijo, el perdón no fue dirigido a ellos como individuos, sino a los 48 Cantones de Totonicapán, como organización comunal, tal como ordenó el juez Mynor Moto, buscando reconocer la legitimidad de la autoridad indígena y corregir la criminalización ejercida por el Ministerio Público bajo la administración de la exfiscal general, Consuelo Porras.
El entrevistado mencionó que el juez Moto también actualizó que María Juana Elías debía incluirse entre las lideresas reconocidas. Y recordó que Guatemala reconoce en su Constitución la legitimidad de las autoridades indígenas, haciendo este acto un mensaje clave sobre el respeto a los pueblos originarios.
Consultado sobre la decisión judicial, Saavedra destacó que el verdadero sentido de disculparse descansa en admitir los hechos ocurridos en 2023, cuando los 48 cantones fueron acusados erróneamente de actos de terrorismo. Resaltó que negarse a reconocer los hechos debilita la democracia y acerca al país a "autoritarismos competitivos".
Fin de un "ciclo oscuro"
El titular de la PGN resaltó la importancia de aprender de las acciones de los 48 cantones, reconociendo que la criminalización fue un intento de subordinar los derechos de los ciudadanos a intereses de un pequeño grupo de poder.
"El ciclo oscuro de criminalización y abuso penal terminó el 17 de mayo de este año. Ahora debemos construir y buscar resarcimiento para quienes han sido afectados", agregó.
Según Saavedra, la defensa de la democracia debe ir más allá de lo político y transformarse en una defensa colectiva de las libertades establecidas en la Constitución guatemalteca.
El entrevistado concluyó que el ejemplo de los 48 Cantones debe servir para garantizar el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la defensa del sistema democrático para toda la sociedad guatemalteca.
Efectos de un encarcelamiento que duró más de 400 días
En el marco de la entrevista, Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, expresó que la disculpa oficial representa un primer paso para reparar los daños causados por la criminalización, aunque señaló que el proceso de recuperación es complejo. "No somos delincuentes. Esta disculpa pública marcó un precedente", sostuvo.
Héctor Chaclán, extesorero de la referida organización, complementó que, si bien aplaude la disculpa, el respeto hacia los pueblos indígenas debe manifestarse más allá de un acto simbólico, destacando el papel de los 48 Cantones como organización ancestral en defensa de los intereses colectivos y la democracia.
Ambos exlíderes relataron que el daño causado fue múltiple: psicológico, económico, humano y hasta ambiental. Pacheco remarcó la dificultad de recuperar el tiempo perdido y superar el estigma social. "El resarcimiento material existe, pero el psicológico es un proceso más difícil", enfatizó. Mientras que Chaclán hizo referencia al impacto emocional que causó no solo en él, sino en su familia los más de 400 días que estuvo tras las rejas: "Mis hijos temen que salga y no regrese".
Chaclán puntualizó que el apoyo crucial provino del pueblo y no del gobierno. "Nunca esperamos el apoyo directo del gobierno, defendimos la democracia en Guatemala y la transición legítima. Gracias al pueblo logramos mantenernos de pie durante los 468 días de prisión preventiva", señaló. E hizo ver que, por la lucha de los pueblos, los alcaldes y diputados pudieron tomar posesión en 2024.
