La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de la República verificar la autenticidad de las firmas que respaldaban una propuesta de reforma a la Constitución, impulsada por el grupo cívico Poder Ciudadano. Esta iniciativa contó con el apoyo de más de 16 mil ciudadanos, quienes sumaron sus firmas a través de un proceso de voluntariado.
La resolución emitida ayer por el alto tribunal constitucional exige al Legislativo habilitar espacios tanto digitales como físicos para que los firmantes puedan confirmar si su consentimiento fue correctamente registrado en la referida petición.
Pese a la orden, antes de que se conociera oficialmente este fallo, Poder Ciudadano decidió retirar su propuesta del Congreso. La decisión fue motivada por el incremento en las intimidaciones, amenazas y seguimientos sufridos por varios voluntarios de la organización.
"Las amenazas contra nuestros voluntarios ya venían de semanas atrás, pero en los últimos días subieron de tono al punto de evaluar la seguridad del equipo tras el lamentable asesinato de Solórzano Foppa", explicó el abogado y analista Edgar Ortiz en entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas. Añadió que incluso algunos voluntarios debieron denunciar estos hechos ante la fiscalía, aunque por seguridad no revelaron sus ubicaciones.
Ortiz subrayó que recolectar las firmas fue un proceso riguroso y seguro, y que la decisión de retirarlas no responde a dudas sobre su validez, sino a evitar que el grupo fuera el único blanco de ataques. El objetivo -remarca- no son las firmas, sino impulsar el debate sobre la reforma a la justicia utilizando otros mecanismos, como el apoyo de diputados, para sumar más sectores sociales y evitar su exposición exclusiva.
Cuestiona fallo de la CC
El fallo de la Corte, según Ortiz, marca un precedente negativo al imponer requisitos "inventados" que complican innecesariamente los procesos de propuesta ciudadana. Explicó que, históricamente, presentar una reforma solo requería comprobar al menos cinco mil firmas de ciudadanos empadronados, verificación que el Tribunal Supremo Electoral podía realizar de manera expedita.
Según explicó, ahora la Corte exigió:
- Habilitar un registro para verificar la firma de cada ciudadano.
- Solicitar informes migratorios para comprobar si los firmantes estaban en el país en la fecha de la firma, aún cuando muchas firmas no consignaban fecha.
- Realizar peritajes grafotécnicos masivos, procedimiento nunca antes exigido ni para partidos políticos.
- Identificar con DPI a todos los voluntarios responsables de cada hoja de firmas, con riesgo de responsabilidad penal por cualquier ambigüedad.
Ortiz consideró estas exigencias desproporcionadas e inéditas: "La Corte inventó un proceso que no existe en la ley, imponiendo reglas nuevas después de iniciado el juego. Esto cierra la puerta a futuras participaciones ciudadanas".
El abogado comparó lo sucedido en Guatemala con experiencias similares en Cuba y Venezuela, donde regímenes han usado trabas burocráticas y amedrentamiento contra ciudadanos que proponen cambios políticos.
Respecto al involucramiento del Instituto de Migración, Ortiz advirtió que la Corte obliga al Congreso a investigar caso por caso si los firmantes se encontraban en Guatemala al momento de firmar, lo cual es "imposible de verificar" por la falta de fechas y los altos volúmenes de datos. Así, según Ortiz, la resolución vuelve inviable recoger y validar firmas ciudadanas en adelante.
Al ser consultado sobre el impacto de esta medida para futuras propuestas, Ortiz fue claro: "Mientras esta Corte esté en funciones, exigirán estos requisitos. El mensaje es claro: no se atrevan a proponer, porque el sistema hará todo para cerrar la puerta a la ciudadanía".
