Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana, asegura que el estado de calamidad que se propone el Gobierno no es nada nuevo, pues ya ha habido varios intentos.
“La premisa es que con estado de calamidad o sin él, la corrupción está presente en la actividad pública”, señala el experto.
Flores estima que hay que plantearse mecanismos para vigilar un estado de esa naturaleza.
- “Sobre todo porque hace más o menos un mes la Unidad de Conservación Vial (Covial) sacó más de 400 concursos para el mantenimiento de carreteras. El estado de calamidad debe incluir normas de transparencia”.
- Acción Ciudadana propuso normas de transparencia, concursos públicos, publicar en Guatecompras… diseños hay. Dependerá de cómo lo presente el Gobierno.
¿Las normas claras de transparencia no atrasan los procedimientos?
“Muchos han dicho que con las normas claras de transparencia, las cosas se hacen más lentas; eso es totalmente falso. Es un discurso que viene desde la tormenta Stan, en 2005”, dice Flores.
“Con la ley de contrataciones hay procesos que se llevan hasta ocho meses y eso no es cuestión de las normas de transparencia, sino de los procedimientos”, agregó.
Hay US $500 millones disponibles con otro tipo de condiciones y no se ejecutan, ¿cómo explicar esto…?
- “Hay muchas causas. Unas vienen de la parte de pre-inversión…
- otras de las juntas de licitación que no quieren adjudicar contratos, por temor,
- otro tema es la movilidad de los mandos medios. Cuando hay inestabilidad en los funcionarios públicos, que toman decisiones, firman contratos, adjudican proyectos… eso dificulta los procesos”.
Flores insistió en que si, desde la cabeza del Ejecutivo no se dan cosas claras de proyectos concretos, es obvio que exista miedo y desinterés de ejecutar el presupuesto.
“Lo ideal hubiera sido que el gobierno desde que asumió, hubiera hecho una revisión de los contratos para evitarse los problemas de ahora. El libramiento de Chimaltenango, el de Cuilapa-Barberena, el de Odebrecht, hospitales, escuelas… y hubiera rescindido lo que hubieran identificado con problemas”, explicó el experto.
¿Cómo promover la vigilancia?
¿Quiénes tienen que hacerlo? La población, los medios de comunicación, los centros de investigación… Cada vez, la población está más involucrada en la fiscalización del Gobierno.
“Hay muchas licitaciones que el Gobierno hace a través de otras instituciones. El estado está tan débil que no puede ni llevar a cabo sus procedimientos”, aseguró.
¿Cuánto afecta la salida del Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, en este caso?
“Afecta mucho, precisamente en el momento en que se da. El Ministro presenta una propuesta de presupuesto, con virtudes y críticas. Que se conozca un estado de calamidad con la deslegitimación que tiene el Congreso. Es un tema complicado”, subrayó Flores.
Juan Carlos Zapata, de Fundesa
Lo que dice Flores, lo vemos con el Aeropuerto Internacional La Aurora. Vemos como se ha hecho un buen trabajo. Claro, el procedimiento se tardó ocho meses para adjudicarse, pero si se planifica a priori las personas saben en qué momento tienen qué invertir. No es suficiente la forma como se invierte en infraestructura en el país.
Carlos Colóm, consultor de Fundesa
Coincido en todos los temas con Marvin Flores. En el 2007, una de las reformas que se hizo, es que hay que planificar y ver las necesidades que se tienen a cinco años, hay que licitarlo por lo menos seis años antes, para evitar estar hablando de estados de calamidad.
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