La justicia suiza entregará este viernes el veredicto del proceso contra el exjefe de la policía guatemalteca Erwin Sperisen, el tercer juicio en su contra después de dos condenas a cadena perpetua para intentar esclarecer su papel en 10 ejecuciones extrajudiciales de reos.
Sperisen, de nacionalidad guatemalteca y suiza, había sido condenado en 2015 en Ginebra por diez asesinatos: siete cometidos en 2006 durante una operación para retomar el control de la prisión de Pavón y tres entre un grupo de fugados de la cárcel del Infiernito, en 2005.
El tribunal federal, la máxima instancia judicial suiza, consideró que el proceso en contra de Sperisen debe ser revisado porque algunos testigos interrogados por escrito para el primer juicio en 2014 no fueron convocados para confrontarlos con el acusado en el segundo, celebrado en 2015.
Tras las audiencias, la fiscalía suiza pidió cadena perpetua para Sperisen, director de la policía guatemalteca entre 2004 y 2007.
Según el fiscal, Yves Bertossa, durante la operación en la cárcel de Pavón, que cayó en manos de prisioneros, siete detenidos fueron abatidos por un comando que actuaba en secreto y que estaba dirigido por Erwin Sperisen.
En todos los países del mundo “son los jefes quienes deciden y los ejecutores los que ejecutan”, apuntó Bertossa.
María del Socorro Vázquez, madre de Carlos René Barrientos, una de las víctimas ejecutadas en 2006, dijo durante el proceso que esta vez “esperaba que condenaran al hipócrita de Sperisen”, indicó en la audiencia Alexandra López, su abogada en Suiza.
Barrientos, hijo de Vázquez, fue uno de los siete presos ejecutados extrajudicialmente en la cárcel Pavón el 25 de septiembre de 2006, por un comando paralelo a la Policía Nacional Civil (PNC), dirigida entonces por Sperisen.
Según su abogada en Ginebra, María del Socorro Vázquez ha enfrentado amenazas y presiones para intentar forzarla a viajar a Suiza para retirar su querella.
Una indemnización
Según explicó a la AFP Bertossa, aunque Sperisen fuese condenado a la pena máxima como coautor de los hechos, podría “pedir su libertad condicional a los 15 años de reclusión” y obtenerla en caso de buena conducta.
En sus alegatos finales, los abogados de Sperisen, Giorgio Campa y Florian Baier, pidieron su absolución pero se darían por satisfechos con una pena máxima de siete años y medio de prisión. En ese caso, como ya cumplió cinco años de detención preventiva, los dos tercios de la pena, se decretaría su libertad.
Además, los letrados piden una indemnización de 1 millón de francos suizos (835.000 euros, 1,03 millones de dólares) para Sperisen y 380.000 para su familia, y 700.000 de costas.
Con información de agencia AFP.