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Reforma por ‘aceptación de cargos’ fue consensuada, asegura parlamentario

La iniciativa está pendiente de ser aprobada en redacción final y por artículos asegura el congresista Manuel Conde Orellana.

Abogados que participaron hoy en el programa A Primera Hora aseguran que las reformas al Código Procesal Penal, relativas a la ‘aceptación de cargos’ podría contribuir en el trámite de los procesos penales, pero que no serán suficientes para descongestionar los tribunales de justicia.

Sin embargo, el congresista Manuel Conde Orellana afirma que uno de los logros de esta iniciativa, es que todo el procedimiento de discusión ha contado con la participación de instituciones relacionadas con la justicia y con organizaciones sociales que también tienen vínculos con el tema.

Conde Orellana, presidente de la Comisión Específico que se encargó de consensuar la reforma, expresó:

  • “En primer lugar no se trata de una nueva ley, es una reforma al Código Procesal Penal (CPP). Esta iniciativa, la 5311, fue presentada por la CSJ. Obtuvo dictamen favorable y empezó su proceso de debate en el Pleno. Luego, se integró una Comisión Específica para que abriera un dialogo con instituciones públicas y la sociedad”.

Según el parlamentario, se recibieron opiniones del Ministerio Público (MP), del Instituto para la Defensa Pública Penal (IDPP) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN), las cuales se trabajaron con los magistrados de la CSJ.

Al final, el pleno del Congreso aprobó ayer, con 87 votos a favor, en tercera lectura, el proyecto de ley sobre “aceptación de cargos” que plantea un porcentaje de reducción de la pena: 50 % si el sindicado acepta su culpa en primera declaración; 40 % si la acepta durante el proceso, y 30 % si admite al iniciar el proceso…

La ley viene desde el 2016

El constitucionalista e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), Mario Fuentes Destarac asegura que se trata de una ley que ha venido dando vuelta desde 2016.

  • “Es un concepto importado de EE.UU. Lo que se debió haber hecho es modificar el procedimiento abreviado del Código Penal y darle las connotaciones que permitan una rebaja de penas”, opinó.

Por su parte, el exsecretario privado del Ministerio Público (MP), Javier Monterroso, señaló: “Ese modelo fue importado a Colombia, con algunas modificaciones. Se ha criticado su aplicación porque no ha sido lo suficiente para descongestionar el sistema de justicia”.

  • “¿Por qué Cicig impulsa esa posibilidad en Guatemala? Datos del observatorio de justicia presentado ayer, señalan que un juicio en Guatemala tarda 918 días, cuando los parámetros deberían ser de entre 140 y 190 días. Tendrían que durar cinco meses, pero duran casi tres años”.

La iniciativa está pendiente de ser aprobada en redacción final y por artículos asegura el congresista Manuel Conde Orellana.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼

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