La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) llevó a cabo este jueves la segunda audiencia de esta semana por casos de reos condenados a pena de muerte que supuestamente fueron ejecutados extrajudicialmente como parte de un plan de “limpieza social” en Guatemala.
Se trata de la demanda contra el Estado por aparentes violaciones al debido proceso y torturas desde 1998 hasta su supuesta ejecución extrajudicial en 2005, de Tirso Román Valenzuela Ávila, sentenciado a pena de muerte por el asesinato de una fiscal.
Este es el segundo caso de este tipo que ve esta semana la CorteIDH, pues el miércoles efectuó la audiencia por el caso de Hugo Humberto Ruiz Fuentes.
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El Estado es responsable
El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la Corte, Luis Ernesto Vargas, dijo en la audiencia de este jueves que el Estado es responsable por las violaciones de las que se le acusa.
Señaló que hubo “violaciones a las garantías judiciales en el proceso que culminó con la pena de muerte” a Valenzuela, así como “torturas en su contra en distintos momentos a partir de su captura” y que “finalmente fue ejecutado extrajudicialmente” tras fugarse de la cárcel.
También aseguró que el Estado violó el derecho a la vida de Valenzuela al condenarlo a la pena de muerte en 1999 mediante “violaciones al debido proceso”.
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Según la acusación, el reo fue ejecutado extrajudicialmente en el marco del llamado “Plan Gavilán”, implementado por la Policía Nacional Civil (PNC) y comandado por el Ministerio de Gobernación, el cual buscaba la captura de 19 reos fugados de prisión y que se habría convertido en una acción de “limpieza social”.
Por su parte, Alejandro Rodríguez, quien ejerce la representación de la familia de la víctima, aseguró que las autoridades de Guatemala no efectuaron un operativo para capturar a los asesinos de Valenzuela y que ha habido “deficiencias en la investigación”.
“A doce años del crimen no hay ninguna persona procesada ni condenada. Los hechos se mantienen en la impunidad”, advirtió.
“No fue ejecución”
El agente del Estado guatemalteco, Jorge Luis Borrayo, aseguró en la audiencia que, aunque Valenzuela murió de forma violenta, no puede ser calificada como una ejecución extrajudicial pues “aún está en investigación” y que se trata de un caso “complejo”.
Barroyo pidió a los jueces de la Corte Interamericana que “eximan al Estado de toda responsabilidad internacional” porque “carece de responsabilidad” en el caso y aseguró que Valenzuela “fue objeto de respeto a sus derechos humanos en todo momento”.
Tras la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces de la Corte Interamericana podrán emitir un fallo cuando lo consideren oportuno.
Para el viernes, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, tiene previsto ver un tercer caso contra Guatemala sobre pena de muerte y torturas.
Se trata de la demanda de Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez, condenados a pena de muerte por asesinato y tentativa de asesinato de miembros de la Patrulla 603 de la Policía Nacional.
- Con información de EFE.
