Adama Dieng, asesor especial del secretario general de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, aseguró que la posible aprobación de una ley de amnistía para los crímenes de guerra en Guatemala podría afectar la estabilidad y la cohesión social del país.
En una declaración, en la que “urge” a los diputados a rechazar el proyecto que pretende modificar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, Dieng expresó “su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca”.
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Podría aplicarse con carácter retroactivo
La iniciativa 5377 de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional, que ya fue aprobada en segunda lectura de las tres necesarias, podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.
“Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período”, abundó al experto.
Es por ello que aseguró que esta iniciativa constituye “una clara violación” del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles el país se ha comprometido voluntariamente en virtud del derecho internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte.
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Marcha atrás en la búsqueda de la justicia
Según el asesor especial, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia”.
“Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Que es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad”, aseguró.
Dieng se refirió así a la sentencia emitida el 10 de mayo de 2013 contra el exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue condenado a 80 años de prisión por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles durante su régimen de facto, aunque 10 días después el Constitucional anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó un nuevo juicio, durante el cual falleció el exdictador en abril de 2018.
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Derecho básico de las víctimas
El asesor especial de la ONU aseguró que la rendición de cuentas por delitos del pasado “es un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones” y que además constituye “una herramienta fundamental para la paz y la seguridad” y la reconstrucción del tejido social.
“La rendición de cuentas reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia” arguyó.
En este mismo sentido, concluyó que el país necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones y para ello es necesario que Guatemalafortalezca el respeto al Estado de Derecho.
“La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquellos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado”, proclamó, y zanjó que una amnistía general representa “una erosión de esa confianza”.
Con información de agencia ACAN-EFE
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