El Ministerio de Gobernación anunció que investigará las circunstancias bajo las cuales el excandidato a la presidencia de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada, contaba con seguridad brindada por la Policía Nacional Civil (PNC) desde noviembre de 2009, y que fue suspendida en mayo de 2018.
Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos volvió a solicitar la medida personalizada para Estrada, derivado de una denuncia presentada por el excandidato en la que señalaba amenazas de muerte en su contra.
Cruce de acusaciones entre la PDH y Mingob por seguridad a Mario Estrada.
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El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó ayer de ‘tendenciosas’ las declaraciones del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, al dejar la carga en la magistratura de conciencia.
Estrada fue detenido el 17 de abril en Miami, Florida, EE.UU., señalado por la justicia norteamericana del delito de conspiración para transportar cocaína hacia ese país y por supuestamente planear el asesinato de rivales políticos junto al cártel de Sinaloa.
Para conversar al respecto, el programa A Primera Hora invitó a dos expertos en seguridad: Carmen Rosa Escribano de León, exintegrante del Consejo Asesor de Seguridad y directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), y Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación y exintegrante del Consejo del Ministerio Público.
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Escribano de León señala que “o que evidencia este caso, es que las redes criminales se aprovechan del Estado. Mario Estrada nos está demostrando que es un peón entre las redes incrustadas en el Estado”.
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Rivera Clavería, expresa: “Que este tipo de casos como el de Estrada puede suceder, es innegable. Pero si uno incumple una orden como esta, incurre en responsabilidad penal.
Carmen Rosa Escribano de León
Esto nos devela una situación que de hecho ha ocurrido con la PNC, la utilización de policías por personas particulares. Es una potestad de la Dirección de la PNC la decisión, los mecanismos de protección de personas y de seguridad.
La PNC recibe las órdenes para dar seguridad a una persona. Se hace el análisis de seguridad para saber los riesgos que corre la persona y, en función de eso, se determina el tipo de seguridad que se otorga.
Pareciera que es un proceso transparente, técnico. Sin embargo, cuando llegan nuevas autoridades se analiza la decisión de seguir dando seguridad a una persona; entonces, era una potestad del Ministro de Gobernación o del Viceministro de Seguridad, decidir si se continuaba o no con la medida.
El ocho por ciento del personal de la PNC, unos tres mil policías, está destinado a proteger personas. Es posible que Estrada, por los nexos que tenía de acuerdo a su captura, es que haya tenido protección. Si tenía seguridad cómo es posible que no se sepan los nexos que él hubiera tenido.
Seguridad de por vida
El procedimiento es, cada cierto tiempo, hacer el análisis de riesgo. Pero no necesariamente debe ser un juez. La PDH también procesa solicitudes y las traslada a la PNC para que esta determine si hay riesgo o no.
Pero también hay una perversión en el procedimiento. La PDH, de oficio, recibe una denuncia de un abogado porque su defendido tiene problemas de seguridad, por ejemplo, y la traslada a la PNC.
En el año 2016, por ejemplo, una patrulla fue atacada cuando cuidaban la casa de Melgar Padilla, siendo él asesor del Presidente. Ahí se comenzó a identificar que él trabajaba en la SAAS, pero tampoco quedó nada claro; luego, se supo que cuidaban a la madre de Melgar Padilla porque tenían problemas de tierras.
PDH, Jordán Rodas: La PNC determinó que Mario Estrada no corría peligro.
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Cuántas personas están siendo cuidadas por la PNC, cuando deberían estar cuidando a la ciudadanía.
Lo que evidencia este caso es que las redes criminales se aprovechan del Estado. Mario Estrada nos está demostrando que es un peón entre las redes incrustadas en el Estado.
El hecho es que tenía protección durante 10 años, cuando uno ve su casa en Jalapa, uno se pregunta ¿con qué necesidad pedía seguridad a la PNC? Es como ahorrarse dinero y utilizar recursos del estado en beneficio propio.
Además, hay 16 policías cuidando al Ministro de Gobernación, pero se quita a los policías de la Cicig y de la Feci. Hay asesores del gobierno que también han hecho uso de recursos del Estado.
¿Cómo definir si se da o no seguridad?
Tiene que ver con proporcionalidad y temporalidad. A quién se le va a otorgar seguridad y por cuánto tiempo.
Sé que ha habido esfuerzos en los medios de comunicación por el acoso a periodistas y no hay una determinación de brindar protección a los comunicadores. Los ambientalistas han sido de los más asesinados en los últimos meses y estos tampoco gozan de medidas.
Entonces porqué se le va a dar a personas que tienen graves problemas de seguridad. No es malo brindar protección a los que lo necesitan, pero también tiene que aplicarse la proporcionalidad y temporalidad.
Julio Rivera Clavería
El problema es que uno debe entender cómo funcionan esas condiciones de seguridad. La ley obliga a la PNC, en caso de que una persona pueda ser sujeto de riesgo, para que brinde seguridad.
Eso se hace sin notificación de la justicia o de la PDH, es la primera forma. En segundo lugar, cuando hay denuncias en el MP o una orden del Organismo Judicial (OJ) que dicen que se preste seguridad a personas por ser sujetos de riesgo y, tercero, cuando la PDH lo pide.
El problema es que uno puede tener la información de que una persona pueda estar en otras actividades, pero la resolución de un juez no se discute. Además, si se incumple con la orden del juez, se incurre responsabilidad penal.
Yo me di cuenta, cuando estuve en el puesto, de alcaldes y diputados que tenían seguridad de la PNC y que después se la quitamos, porque nos dimos cuenta de que participaban en otras actividades.
Si hay información de personas alrededor de la que cuidan y se descubre que se dedican a otras actividades ilícitas, ¿ésa puede ser utilizada en su contra?
Definitivamente. La información la tiene la DEA. Toda la información relacionada con personas cercanas a una persona procesada, como en este caso ocurre con Mario Estrada, va a ser procesada por el MP y por la DEA.
Cualquier persona puede solicitar seguridad a tribunales o a la Policía, pero se hace un análisis constante.
También hay presiones de algunos diputados para que se les brinde seguridad, cuando debería haber partida en el Congreso para eso, o que se la paguen ellos mismos. Uno está sujeto a estas presiones cuando está en el puesto. Presionan con presupuesto, con que uno se puede ir a fuera.
La protección debe servir a personas que son vulnerables a sufrir un hecho criminal o de otro tipo. La PNC ha ido mejorando en eso.
Que este tipo de casos como el de Estrada puede suceder, es innegable. Pero si uno incumple una orden como esta, incurre en responsabilidad penal.
Lo que pasa es que el sistema del Estado ha estado pervertido y en este caso, el gobierno sirve solamente para el enriquecimiento de las personas ya para gozar de prebendas y privilegios a cosa de los guatemaltecos.
¿Qué hacer? Todos los guatemaltecos debemos hacer un esfuerzo conjunto para cambiar el país.
Este país está dominado por la criminalidad organizada. ¿Por qué la exfiscal Thelma Aldana se recetó 28 guardias, cinco vehículos, tres blindados, gasolina ilimitada, seguridad para el resto de su vida.
Yo no defiendo al Ministro de Gobernación, pero me parece injusto que se le quiera achacar todo a él. Mario Estrada tenía seguridad desde 2009. ¿Quién era el ministro en el 2009…? Era de la UNE.
#EUElecciones2019 | Se espera medio millón de niños “empadronados” para que voten.
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¿Y cómo ver este caso en época electoral?
yo creo que los candidatos presidenciales deberían tener protección del estado durante el proceso electoral. Es preferible que el Estado asuma esas funciones, y los que no ganes se les retira la seguridad.
El movimiento del narcotráfico y el crimen organizado tiende a crecer en Guatemala. Simple. En México subió la lucha contra el narcotráfico y la tendencia es que bajen a Guatemala.
Se han cometido errores que hay que replantearlos, hay que rediseñar la seguridad interna en el país. Los problemas que tenemos son graves, pero se van a gravar más, en la medida de que no podemos contenerlos.
Vamos a entrar en un proceso de conflicto interno muy serio, producto de la alianza de comunidades con líderes del narcotráfico que va a hacerle daños espantosos al país y habrá hechos de sangre que no se pueden contener.
Solicitan dejar sin efecto inscripción de diputado condenado por narcotráfico en EE.UU..
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