El gobierno de Venezuela acusó este martes 06 de agosto de 2019, a Estados Unidos de “terrorismo económico”.
Además de buscar la ruptura del diálogo con la oposición, tras nuevas sanciones que congelan todos sus activos en ese país.
El gobierno de Nicolás Maduro “denuncia ante la comunidad internacional una nueva y grave agresión de la administración Trump a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela”. señaló la cancillería en un comunicado.
Caracas consideró asimismo que con esta nueva ofensiva para expulsar a Maduro del poder, Washington y sus aliados. “Apuestan por el fracaso del diálogo político”.
Diálogo entre Gobierno y oposición venezolana continuará el próximo lunes.
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— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 31, 2018
Sobre las conversaciones en Noruega
Que mantienen delegados de Maduro y del opositor Juan Guaidó con la mediación de Noruega, pues “le temen a sus resultados y beneficios”.
Pero el gobierno venezolano “no permitirá que esta tendenciosa escalada de agresiones afecte”.
Las conversaciones que se iniciaron en Oslo a mediados de mayo y se trasladaron a inicios julio a Barbados.
En tal sentido el Ejecutivo, que ya enfrenta un embargo petrolero estadounidense desde abril. Reiteró su “voluntad inquebrantable de alcanzar acuerdos nacionales en diferentes dimensiones, para fortalecer aún más (la) democracia y garantizar el derecho del pueblo a vivir en paz”.
Al comunicar su decisión a la cámara baja, Trump dijo que es “necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela. Debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo” de Maduro.
Estados Unidos, que encabeza la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, podría así sancionar a cualquier empresa que haga transacciones comerciales con el mandatario socialista.
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Trump fue el primero en reconocer como mandatario interino de Venezuela al jefe del Parlamento controlado por la oposición, Juan Guaidó. Tras considerar que Maduro se reeligió en elecciones fraudulentas.
Las sanciones que su gobierno ha impuesto afectan a Maduro y sus allegados, al canciller, a altos mandos militares y tocan sectores clave de la economía como el sistema financiero y el sector del oro, además del petróleo.