Los abogados defensores de los campesinos de la comunidad Laguna Larga, en Petén, que fueron desalojados de sus hogares hace 26 meses, advirtieron este viernes que el Gobierno de Guatemala engañó a los agricultores al ofrecerles una finca que no coincidía con lo prometido por el vicepresidente Jafeth Cabrera.
El director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Edgar Pérez, se presentó a la Casa Presidencial junto al director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, para presentar un escrito en el que desmintieron lo dicho por Cabrera el martes pasado, cuando aseguró que la comunidad había desistido de las negociaciones.
Asunto resuelto, el de Cajolá
El vicepresidente aseguró que la situación de la comunidad de Cajolá, que durante la semana pasada manifestó y se instaló frente a Casa Presidencial para exigir sus tierras, había sido resuelta al prometer otorgarles “recursos que se habían destinado inicialmente para la comunidad de Laguna Larga”, que supuestamente no había aceptado Q25 millones.
Pérez advirtió que “en ningún momento” ha desistido la comunidad “en sus intenciones de negociar” con el Gobierno, por lo que insistió que “no es cierto lo dicho por el vicepresidente en forma pública” y recordó a Cabrera “con todo respeto, que él está presidiendo la mesa de negociación con la comunidad”.
El abogado relató que la comunidad había sido engañada “cuando se le prometió una finca con ríos, bosque y tierra fértil y en cambio se les quiso entregar una finca ganadera”, algo que “comprometía a toda una comunidad eminentemente agrícola”.
El Gobierno ha incumplido
Según Edgar Pérez, el Estado ha incumplido con las medidas cautelares que impuso la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar alimentación, salud y educación de las 111 familias -más de 400 personas- desde que el 3 de junio de 2017 fueron desalojados y tuvieron que instalarse en la línea fronteriza con México, al norte de Guatemala.
En ese tiempo han muerto ocho personas -la última de estas por falta de higiene- y la mayoría de comunitarios padece de “graves enfermedades”, hay plagas de varicela, hongos, pie de atleta y diabético, enfermedades estomacales y un menor con un tumor en la cabeza que no ha sido atendido.
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Para llegar a la comunidad es necesario viajar tres días desde la capital guatemalteca debido a que se debe llegar a la frontera El Ceibo, pasar a territorio mexicano e ingresar por el Estado mexicano de Campeche.
Pérez detalló que la negociación, que se ha desarrollado en “lo que va de este año”, derivó en una visita en mayo a la finca propuesta por el vicepresidente y que está ubicada en el municipio de Poptún, también en el departamento norteño de Petén, pero en julio la comunidad descartó la propuesta.
Integrantes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, revelaron que la Casa del Migrante “José”, ubicada en Esquipulas, Chiquimula, se quedó sin edificio debido a que los propietarios del inmueble pidieron que les fuera devuelto ya que estaba en calidad de préstamo. pic.twitter.com/waS1soq5Cg
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México apoya más
El abogado lamentó que sea el Gobierno mexicano el que mayor apoyo humanitario ha brindado a los campesinos desalojados, aunque reconoció que las visitas de los médicos “han venido bajando” en los últimos meses.
“Es una vergüenza que los ciudadanos guatemaltecos cuenten con mayor atención del Estado vecino, que se preocupa por ellos más de lo que el propio Estado de Guatemala”, enfatizó.
Además, lamentó que ante el anuncio de la realización de una conferencia de prensa para explicar la situación de la comunidad Laguna Larga, la Policía Nacional Civil haya desplegado un “gran contingente de seguridad” debido al “temor de que la comunidad viniera a instalarse a Casa Presidencial”.
Por intensa lluvia se retiró la mayoría de manifestantes de la @CC_Guatemala. Vía: @LesterRamirezEU pic.twitter.com/IaR7KMK1DF
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En noviembre próximo, cuando reinicie el período de sesiones de la CIDH, los abogados insistirán en el incumplimiento de Guatemala en la atención a los campesinos, que fueron desplazados de sus casas y despojados de sus animales de granja y árboles frutales por la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
La comunidad se instaló desde finales de los años 80 a orillas de Laguna Larga, un depósito natural de agua ubicado en la zona de usos múltiples del Parque Nacional Laguna del Tigre, y llegaron a contar con escuela oficial y una superficie calculada por el Conap a mediados de la década pasada.
Con información de Daniel Tzoc y agencia EFE
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