Juan Carlos Tefel, presidente de Comité Coordinador de Asociaciones comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), dijo hoy en conferencia de prensa que es inexplicable la suspensión de algunos artículos del reglamento de trabajo por horas que resolvió la Corte de Constitucionalidad (CC) y agregó que eso afecta la certeza jurídica del país.
Tefel dijo que son alrededor de 700 los contratos vigentes bajo la normativa de trabajo a tiempo parcial y pidió que la CC revoque el fallo que suspende algunos artículos del reglamento.
La cúpula empresarial organizada aseguró que es “un derecho básico y parte fundamental” del desarrollo de una sociedad que toda persona “tenga la libertad de decidir la cantidad de horas que desea trabajar” y agregó que esta modalidad permitiría generar una “importante cantidad de empleos” para luchar contra la economía informal y la migración irregular.
“La decisión de la CC sobre dicho reglamento atenta contra este proyecto social, por lo que responsabilizamos a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron a favor de este fallo de las consecuencias sociales que se deriven”, acotó el empresariado.
Enrique Barrascout de la Asociación de BPO KPO dijo: “Con el fallo estamos frustrados y preocupados por lo que está ocurriendo”.
Ayer el ministro de Trabajo Gabriel Aguilera dijo sobre el tema que los contratos ya firmados sobre la normativa continuarán vigentes y señaló que analizarán los procedimientos legales a seguir.
Estamos frustrados por lo que está sucediendo. Generamos más de 50 mil empleos. El trabajo a tiempo parcial impacta a futuro en más de 7 mil plazas. Son 7 mil familias que se verán afectadas, afirma Enrique Barrascout, del Sector de Contact Center #Convenio175 pic.twitter.com/PG2A9cQWZ8
— CACIF (@CACIFGuatemala) October 4, 2019
CC suspende provisionalmente el contrato por horas
La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente varios artículos del reciente reglamento del trabajo parcial, entre ellos el que establecía el contrato por horas.
La CC señaló que la decisión obedece a una inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial presentada por un grupo de abogados en contra de algunos artículos y frases de este código, que entró en vigor el pasado 5 de julio.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social aseguraba que esta norma, realizada en apego al Convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo, daría certeza jurídica a las empresas, beneficiaría a las personas con dificultades para cumplir jornadas laborales completas y garantizaría el pago de todas las prestaciones laborales.
Aunque las cámaras empresariales habían manifestado su satisfacción por la entrada en vigor de este reglamento, varios sindicatos se opusieron por entender que va en contra del Código de Trabajo.
Fallo de la CC
La CC suspendió de forma provisional los artículos 2 y 4, así como frases de otros que hacían referencia, principalmente, al traslado de trabajadores de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa y que señalaba que las prestaciones laborales se establecerían de forma proporcional, por lo que reducía en gran medida el salario.
El Tribunal aún debe decidir en firme pero ya algunos sectores han rechazado esta decisión, como la Cámara del Agro, que aseguró que esta sentencia es una “falta de certeza” sobre el trabajo a tiempo parcial y limita “las oportunidades de empleo formal”.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores se mostró en contra por asegurar que es “un mensaje negativo” para la generación de empleo formal y aseguró que el nuevo reglamento, en dos meses de vigencia, permitió generar 658 nuevos empleos formales en 113 empresas, aunque no detalló las condiciones.
“El golpe más duro es para las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y aquellos que necesitan combinar sus actividades para llevar más ingresos a sus familias porque ante la falta de empleo la opción es migrar”, denunció la entidad.
De los 14,9 millones de habitantes que hay en Guatemala un total de 9,9 tiene 15 años o más y por esto está considerada como “en edad de trabajar”, aunque solo 5 millones de personas están dentro de la Población Económicamente Activa. Siete de cada diez guatemaltecos que tienen empleo están en la economía informal, es decir, que no tienen prestaciones laborales.
Con información de Henry Montenegro
