El Tribunal de Mayor Riesgo A ordenó que el exjefe edil de la Ciudad Colonial, Adolfo Vivar, condenado por corrupción en la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y sus cómplices pague más de Q33 millones al Estado, en concepto de reparación digna, tras una solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Vivar fue sentenciado a 16 años de prisión la semana pasada y a pagar Q13 millones, luego de que el Tribunal confirmó que incurrió en los delitos de lavado de dinero, fraude, peculado y concusión.
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La esposa
En este caso, también fue sentenciada su esposa, Sandra Molina de Vivar, a una pena de 4 años de cárcel conmutables.
Durante el debate se comprobó que Q20 millones fueron a dar a cuentas bancarias de seis empresas de cartón, las cuales estaban vinculadas a familiares y amigos del exfuncionario.
Ante ello, el Tribunal resolvió que ella deberá pagarle Q495 mil 317.32 al Estado en concepto de reparación digna.
Otras sanciones
Además, también se dictaron sanciones económicas para el resto de personas condenadas por este caso, las cuales quedaron de la siguiente manera:
Leonel Rodrigo Amado Molina Q16 millones 911 mil 541.53
Ana Elisa Coloma Gaitán de Amado Q371 mil 900
Claudia Suzzete Vega Sagastume Q473 mil 444
Carlos Roberto Mérida Reynoso Q40 mil
Carlos Américo López Gutierrez Q40 mil
Edgar Enrique Monterroso Chan Q40 mil
Erick Eduardo Arévalo Morales Q145 mil 667.50
Mercedes Johanna Arreaga Aguilar Q229 mil 400
Juan Sebastián Palomo Murga Q145 mil 667.50
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Condena ejemplar
Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana, opinó que la condena contra el exalcalde Vivar “es ejemplar” porque en su caso, “él ha estado procesado por varios delitos de los cuales, en buena medida, ha entrado y salido de la cárcel y de los tribunales”.
Y agregó: “Es la primera vez que se da una sentencia de este tipo y la condena de Q13 millones es una de las más altas que se han impuesto, si lo comparamos con el caso Arnoldo Medrano”.
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Dudas de transparencia
Por su lado, Violeta Mazariegos, secretaria de acceso a la información pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, asegura que “la Municipalidad de Antigua Guatemala, nunca ha sido una institución que se caracterice por la transparencia”.
De acuerdo con la PDH, las comunas no han estado acostumbradas a rendir informes de cómo ejecutan los recursos públicos y, a la fecha solo el 56 por ciento de las municipalidades publican sus ejecuciones presupuestarias, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública.
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