El juez de Mayor Riesgo Jimmy Bremer resolvió procesar y enviar a prisión domiciliar al general Luis Enrique Mendoza García por el caso del genocidio ixil en los años 1982-1983, tiempo en que gobernó José Efraín Ríos Montt.
El general, que tenía el cargo de jefe de Operaciones (G3) del Estado Mayor General del Ejército, deberá pagar una multa de Q30 mil y comparecer cada 15 días para firmar el libro ante la Fiscalía.
Además, tendrá prohibido salir del departamento de Guatemala y no podrá salir del país debido al proceso al que será sometido, sindicado de los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad contra 1 mil 442 indígenas ixiles, entre abril de 1982 y julio de 1983.
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Los argumentos del Juez
El juez Bremer subrayó que al tomar en cuenta el plan de operaciones Sofía (1982) “con la temporalidad de los testimonios existía la posible intención de eliminar a este segmento de la población (los ixiles) por ser un pueblo aguerrido y combativo, que no dejaba violentar sus derechos”.
Agregó que “existen los indicios racionales para ligar a proceso a Luis Enrique Mendoza García”, en un caso en el que el Ministerio Público estableció que “hubo violaciones y tratos crueles, entre otros (delitos); al haber este incumplimiento de Estado se puede configurar como delitos contra los deberes de la humanidad y la posibilidad de que el sindicado haya participado en estos hechos”.
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También hizo referencia a que el Ejército tiene “fama” de que “las órdenes se cumplen y no se discuten”, por lo que, “aunque no haya sido autor y solo validara el plan de campaña Victoria 82, (Mendoza) estuvo (probablemente) enterado de situaciones que se dieron en esta área de operaciones”.
Sin embargo, enfatizó que el Ministerio Público no presentó ningún documento que situara al general Mendoza en el área ixil y que cuando este declaró negó enfáticamente haber estado en los lugares de perpetración, pero reconoció que “hay indicios que crean posibilidad de participación”.
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Las investigaciones
Según las pesquisas preliminares, Mendoza “aportó información para rediseñar los comandos existentes en las zona subversivas y el entrenamiento que debían realizar los militares para tener éxito en sus planes”, que eran prácticamente aniquilar a los ixiles y guerrilleros.
El otro sindicado en el proceso, el exjefe de Inteligencia (G2) durante el mandato de Ríos Montt, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue absuelto por los delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio, ya que la Fiscalía, según un Tribunal de Sentencia, no consiguió probar la participación de este en la elaboración, implementación y desarrollo de los planes para eliminar a los ixiles.
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