La Corte de Constitucionalidad (CC) aún no ha recibido ningún recurso contra la Ley de Aceptación de Cargos sancionada por el presidente Jimmy Morales.
El Gobierno de Guatemala puso en vigor el lunes la reforma al Código Penal que permite reducir en hasta 50% las penas de cárcel incluidos los casos de corrupción, lo que, según analistas, fomentará la impunidad.
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La reforma, publicada el 16 de diciembre en el Diario Oficial, permite que los acusados en procesos penales puedan obtener una reducción de pena si aceptan los cargos que se le atribuyen.
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La @CC_Guatemala indica que hasta el momento no ha recibido ningún recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de aceptación de cargos que fue publicada el pasado lunes.
Vía: @AdrianSoto_EU pic.twitter.com/x9jfhwpjdB— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 18, 2019
Aprobación de la ley
El pasado 12 de noviembre, los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual permite la reducción de la sentencia carelaria, aunque deja afuera delitos como genocidio, narcotráfico, y asesinato.
El presidente Morales quien evitó pronunciarse sobre la reforma, la ratificó y la puso en vigencia con su publicación en el Diario de Centro América.
Sectores civiles críticaron las reformas al considerarlas un retroceso en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país.
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El analista político y activista anticorrupción Manfredo Marroquín urgió a la CC otorgar un amparo contra la norma, que a su juicio beneficiaría “a miles de reos y delincuentes”.
#AHORA Abogado Marco Vinicio Mejía dice que, junto a cuatro juristas, se presentará una acción de incostitucionalidad contra de la ley de Aceptación de Cargos.
Vía Mónica Obando. pic.twitter.com/9poJb8HAwn— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 17, 2019
Opositores a la reforma señalan que beneficiará a diputados, financistas y particulares que tienen casos abiertos o están en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción.
Con la modificación, una persona que enfrenta una causa penal podrá obtener una reducción de 50% de la pena carcelaria si acepta el delito en su primera declaración, de 33% si acepta la culpa antes del comienzo del juicio y de 20% si lo hace durante el proceso.
Con información de Adrián Soto.
