El abogado Eduardo Masaya presentó este miércoles, 20 de mayo, una denuncia en contra de los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche y Leonor Morales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El argumento se basa en los hechos ocurridos en enero de 2025, cuando el profesional del derecho fue capturado en un operativo coordinado por al Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el marco de las elecciones de junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Esto ocurrió durante el acto de presentación de la planilla que integraba.
Su detención se dio debido a que la referida unidad del MP lo vincula con presuntas irregularidades que se investigan dentro del caso "Semilla". En esa ocasión, Masaya señaló que se trataba de una "clara intimidación" ejercida por operadores de la exfiscal general Consuelo Porras y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, a quienes señaló de dirigir un régimen de impunidad y corrupción.
El abogado permaneció en prisión durante seis meses, la mayoría del tiempo recluido en la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 capitalina, aunque en cierto período también fue ingresado al Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Finalmente logró recuperar su libertad bajo medidas sustitutivas. Fue en julio de 2025 que dejó la prisión, en medio de aplausos, sonrisas y expresiones de apoyo de personas que se acercaron al perímetro del recinto para recibirlo.
Enviado a juicio
El Ministerio Público investiga el caso denominado "Corrupción Semilla", relacionado con supuestas irregularidades en la creación del partido político Movimiento Semilla, que ganó las elecciones presidenciales en 2023, así como presuntas anomalías en el manejo de los resultados de las votaciones de ese entonces.
A Eduardo Masaya se le vincula con el manejo de hojas que contenían errores y estaban relacionadas con el expediente de creación de la organización política. La FECI también lo señala de estar implicado en la elaboración de una declaración falsa en un acta de legalización.
De acuerdo con el ente investigador, Masaya respaldó el documento en el que se indicaba que una persona, identificada como Cynthia Alejandra Rojas Donis, había firmado en su presencia; sin embargo, la papelería no se encontraba suscrita por la antes mencionada.
En una audiencia realizada en mayo de 2025, la fiscal Leonor Morales expuso que hay otra serie de anomalías que esa unidad del Ministerio Público ha podido documentar, por lo que pidió al juez Orellana que el abogado fuera enviado a juicio.
Mientras tanto, la defensa señaló que los errores evidenciados por el MP en la investigación y las sanciones respectivas están reguladas, y consideró que con este caso se esta criminalizando la labor notarial.
En esa ocasión, el Juzgado Séptimo Penal resolvió enviar a Masaya a debate oral y público por el delito de falsedad ideológica en forma continuada. El proceso está pendiente de llevarse a cabo para esclarecer su situación legal.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7
